«Con esa cantidad podrían comprarse diez patrullas policiales», advirtió la dirigente regional de UNT, Kadary Rondón. 3.5 millones de bolívares gastará el Ministerio del Interior y Justicia tan sólo en publicidad, de acuerdo con el proyecto de Ley de Presupuesto 2014 presentado por el Ejecutivo nacional a la Asamblea Nacional.
Así lo denunciaron este jueves representantes de Un Nuevo Tiempo ante la Defensoría del Pueblo, por considerar que la partida para tal fin es un exabrupto, considerando la situación crítica de inseguridad que vive el país.
«Con esa cantidad podrían comprarse 10 patrullas policiales que servirían para la custodia de los ciudadanos», advirtió la dirigente regional de UNT, Kadary Rondón, al calcular un costo por patrulla de 370 mil bolívares.
Expresó su preocupación por el orden de prioridades que ha establecido el Ejecutivo nacional, al destinar tanto recurso a hacerse propaganda pudiendo invertirlo en la lucha contra un flagelo social que está diezmando a la población cada día con más fuerza.
«Durante el último trimestre del año 2013 ingresaron a la morgue de Bello Monte (Gran Caracas) 1.449 venezolanos, 450 para el mes de septiembre, 488 en agosto y 511 en julio, lo que sorprende es que no somos un país que se encuentra en guerra, pero mantenemos un parte alarmante, ya que todos los decesos se deben a hechos de violencia, hechos delictivos que el gobierno nacional no ha podido combatir, pese a la implementación de 21 planes de seguridad en 14 años», manifestó Rondón.
Las alarmantes cifras rojas no son más alentadoras al considerar los 24 días transcurridos del mes de octubre, cuando faltando una semana para el cierre ya ingresaron 300 cadáveres a la morgue capitalina.
Ante esto «nos preguntamos, ¿dónde están los avances de Patria Segura?, ¿dónde están los recursos aprobados en la Asamblea Nacional para la dotación de funcionarios?»
En relación con este punto, la dirigente popular recordó que en lo que va de año ya mataron a 70 agentes del orden en la Gran Caracas. «Ni ellos se encuentran a salvo del hampa, se han vuelto el blanco de bandas e individuos amigos de lo ajeno».
Mediante un documento consignado en la sede de la Defensoría del Pueblo, los miembros de UN solicitaron una audiencia con la titular de esa institución, Gabriela Ramírez. Piden que en atención a las funciones que le asigna la Constitución, sea intermediaria para la conformación de mesas de diálogo entre los distintos sectores, «para promover políticas públicas que combatan la inseguridad en la que se encuentra el país».
