Las quejas constantes contra la empresa hidrológica del estado (Hidrolara) en las oficinas del Consejo Legislativo, las cuales han desencadenado protestas en diversos puntos de la región, llevan a los diputados del Consejo Legislativo del estado Lara a exigir al gobernador Henri Falcón ordenar la destitución de Adriana Díaz, presidenta de la institución.
La decisión fue tomada este martes, luego de que en la sesión ordinaria de la plenaria fueran recibidas dos solicitudes de discusión por lo ocurrido en el municipio Palavecino, donde una vialidad colapsó en la urbanización La Morenera, y la crítica situación que se vive en el municipio Urdaneta debido al mal servicio de distribución de agua potable.
Orlando Miranda, presidente de la Comisión de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, señaló que en los últimos años en la sesiones se ha discutido sobre los problemas generados por lo que se considera es una gestión que no ha querido resolver el problema de suministro de agua en la región.
Agregó que además del presupuesto para este año, la hidrológica ha contado con la aprobación de los recursos por parte del Gobierno nacional a través del Fondo de Compensación Interterritorial del Consejo Federal de Gobierno, por donde se le han dado 23 millones 745 mil 678 bolívares fuertes. Ello sumado a las nueve remesas que el gobernador Henri Falcón ha recibido del Ejecutivo nacional, que sobrepasan los 220 millones de bolívares.
Para solicitar la remoción inmediata de una alta funcionaria del Ejecutivo regional, los parlamentarios se basan en lo establecido en el artículo 45 de la Constitución del estado Lara, donde se fija como derecho del Consejo Legislativo estadal la “remoción, destitución o retiro…, de los directores o directoras generales sectoriales y demás funcionarias o funcionarios públicos de similar jerarquía, que con abuso de autoridad, negligencia e imprudencia en el ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos constitucionales o causen perjuicio patrimonial a la administración o a los particulares”.
En el apartado constitucional también se determina que “la destitución, remoción o retiro será de obligatorio acatamiento para el gobernador o gobernadora, cuando sea aprobado por el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de los diputados o diputadas presentes”, situación que se habría dado este martes, siendo la mayoritaria bancada del chavismo la que aprobara tomar la medida contra la funcionaria.
