En los últimos seis meses sucedieron hechos que agravan y agravarán la situación de libertad de prensa en Venezuela, planteó Gilberto Urdaneta, editor del diario El Regional, del Zulia, en la 68 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se está desarrollando, desde el 18 hasta el 22 de este mes, en Denver, Colorado, Estados Unidos, al dar lectura al informe del caso Venezuela.
Concretamente, se refirió a las agresiones contra medios de comunicación y periodistas; las restricciones de divisas para productos importados que se requieren en la producción de periódicos y la creación de un organismo oficial de censura: el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa). Asimismo habló del retiro del Estado del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el 10 de septiembre y la solicitud del presidente Nicolás Maduro, ante la Asamblea Nacional, de una Ley Habilitante que le permita legislar por 12 meses, con el fin de atacar la corrupción y solventar la situación económica que aqueja al país.
Urdaneta dijo que en este semestre ocurrieron varios traspasos de propiedad y compra-venta de medios de comunicación tanto nacionales como regionales, y aunque en su mayoría no han variado en mucho su política editorial, sí se ha sentido el efecto en sus audiencias. Caso emblemático es el de Globovisión, donde varios programas de información y opinión fueron retirados. En la programación de medios del Estado también dejaron de transmitirse programas que contaban con importante audiencia.
También se registró una ola creciente de demandas, acciones y procesos judiciales contra los medios de comunicación privados, lo cual ha sido calificado por diversas organizaciones como severos ataques a la libertad de expresión.
El 1 de agosto el periodista Leocenis García, editor del grupo 6to Poder, fue imputado y encarcelado, acusado por el presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, Julio Chávez, por el delito de presunto lavado de dinero. Ya antes, tanto a él como al periódico, se le habían congelado sus cuentas bancarias. El 5 de agosto a raíz de la congelación de bienes, el director del periódico Alberto Rodríguez anunció el cierre formal de la empresa.Leocenis García se mantiene detenido tras las rejas en la Dirección de Inteligencia Militar.
El 8 de agosto los diarios El Nacional y Tal Cual fueron multados con 1% por ciento de sus ingresos del año 2009, por publicar y replicar – respectivamente- una imagen del estado deplorable de la morgue de Bello Monte en Caracas. Asimismo el tribunal determinó que El Nacional no podrá publicar imágenes de contenido violento, armas, asaltos, cadáveres ensangrentados y desnudos.
Días antes y de manera sorpresiva (el 27 de julio) las autoridades judiciales a petición de la fiscal general, acordaron la prohibición de enajenar bienes, gravar y la congelación de las cuentas bancarias personales del director de El Nacional, Miguel Henrique Otero.
Al diario Correo del Caroní y a su presidente editor, David Natera Febres, el tribunal judicial del estado Bolívar le prohibió publicar informaciones sobre el empresario minero Yamal Mustafá por “difamación e injuria” y “daños y perjuicios”; mientras tanto deberá pagar una multa de 20 millones de bolívares .
El Juzgado dio luz verde a la medida de embargo contra el Correo del Caroní y David Natera y fijó una fianza por 46 millones de bolívares.
El 10 de octubre, la fiscal ordenó el inicio de una investigación contra el diario 2001, “por crear zozobra en la sociedad” en referencia al suministro de gasolina en el país. Explicó que aplicará “sanciones fuertes” contra el rotativo por publicar en primera plana un “titular falso”, que a su juicio busca desestabilizar la paz nacional.
