Tal y como está presentada, la Ley Habilitante no es solución a los problemas de la economía ni de la corrupción. Tampoco pretende serlo. Cree el gobierno, en cambio, que pude ser solución a sus graves políticos de credibilidad, liderazgo y capacidad para atender problemas nacionales que son reales y son graves.
El proyecto de ley conocido es una continuación del discurso del responsable del Poder Ejecutivo ante la Asamblea Nacional. Retórica, pugnaz, combina la letanía moralista con la amenaza penal y, para colmo, se plantea conseguirla por un medio éticamente injustificable: enjuiciando a una diputada para obtener el voto de su suplente.
La habilitación que se pretende es indeterminada, incluye materias de estricta reserva legislativa o parlamentaria, como la ley penal, lo cual viola la Constitución y los tratados internacionales suscritos por Venezuela, es más ideológica que práctica y más persecutoria y represiva que política o económica.
El proyecto no incluye ninguna rectificación, pues apunta a profundizar los errores que nos han traído hasta la situación que dice querer corregir.
Más controles gubernamentales, más discrecionalidad de los burócratas, más concentración de poder, traerán más corrupción. Y las líneas “económicas” del marxismo-giordanismo-samanismo que la empapan, van en la misma dirección que ha generado la escasez y los altos precios que el consumidor venezolano padece. Es el rumbo de la caída de la productividad y la producción, de la burocratización, de la severa incomprensión del proceso económico.
Se cree que el problema es político. En realidad es de políticas (saber qué hacer) y de política (concertar y sumar). La consecuencia de este rumbo será empeorar los problemas económicos y sociales, y crear problemas políticos nuevos, de esos que no se resuelven con más represión.
Decreto del Cesppa
Por partir del mismo error, en la misma dirección apunta el decreto que crea el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), publicado en Gaceta Oficial del 7 de este mes y resurrección de una idea del capitán Otayza que el difunto Presidente desechó.
El Cesppa degrada y partidiza el concepto de Seguridad y Defensa de la Nación, pero sobre todo nos muestra que las decisiones de gobierno se toman partiendo de la base de que estamos amenazados, en guerra, lo cual justifica que se sacrifiquen derechos de los venezolanos en el altar de la primacía del Estado. Ningún país del mundo ha progresado sobre la base de esas premisas.
Contradictorio que un gobierno que se proclama humanista se apoye en la vieja doctrina de la seguridad nacional.
Riesgosa la potencial invasión de la vida de las personas, las organizaciones sociales, los gremios y las empresas. Peligrosos que nadie vigile a este superpoder en las sombras. Corrupto el que se cree un organismo del Estado para servir a una instancia partidista (la llamada “dirección político-militar de la revolución”) que no existe en la Constitución ni en la ley.
Se pretende controlar a los medios, sí, pero porque se quiere controlar la sociedad. Ese decreto, sencillamente, debe ser derogado.
¿Por qué faltan?
¿Cómo se explica que en un país que ha recibido más de un millón de millones de dólares no alcancen las divisas? ¿Por qué la demanda de divisas en la subasta del Sicad puede superar ocho veces el monto subastado?
- Sólo produce divisas Pdvsa, porque dejamos de exportar casi todo lo demás.
- El gasto público, que se alimenta con las divisas que el gobierno consume, es enorme y muy desordenado.
- La deuda pública ha crecido fuera de toda escala, señaladamente los compromisos de la deuda externa.
- La producción nacional ha caído, por lo que dependemos de las importaciones, que son en divisas.
- El primer importador es el mismo Estado, que administra las divisas que recibe por el ingreso petrolero.
- El control de cambio, sostenido indefinidamente en el tiempo como política permanente, genera escasez, especulación y corrupción. Las tres comen divisas con voracidad.
Todo eso, sin excepción, deriva de políticas y decisiones gubernamentales. La responsabilidad es clara. Puede penalizarse a los viajeros, los estudiantes y casos así. Pero por ahí no es.
Ilógica e inconstitucional
La prohibición temporal de hablar en Cámara a los diputados Julio Borges (Miranda) y Norah Bracho (Zulia) carece de lógica parlamentaria y sustento constitucional o reglamentario. Este debe ser interpretado siempre en beneficio de la libertad de los parlamentarios y del orden para que los debates y trabajos se puedan desarrollar. Nunca como un modo de impedir que se desarrollen.
“Meterlo preso”
De nuevo se amenaza a Henrique Capriles con la cárcel. Lo hace alguien que ha mostrado fuerte resentimiento personal contra él, porque lo derrotó limpiamente en una elección mirandina, y posteriormente el procurador del Estado en la administración Capriles, lo denunció formalmente ante los organismos competentes.
Pero no puede el desahogo de pasiones personales convertirse en política de Estado.
Como no es el único amenazante, se acusa al gobernador de Miranda por delitos inventados e imprecisos, que nunca se han molestado en probar y se repite que su detención es cuestión de tiempo. Hay que advertir lo que debería ser innecesario advertir.
Una medida arbitraria contra un venezolano de la significación nacional e internacional de Capriles sería un error descomunal y una temeridad fuera de toda proporción. No lo cometan.
Rincón de libros
De Vargas Llosa me mudo a Leonardo Padura, quien luego de entregarnos novelas policiales bastante legibles, mejor Adiós, Hemingway que Vientos de cuaresma, para mi gusto, nos regaló su formidable trabajo, El hombre que amaba los perros, una de las mejores obras de narrativa de los últimos años, impresionante además por la cultura y la comprensión histórica. Ahora, el escritor cubano nos ofrece Herejes (Tusquets. Barcelona, 2013).
Una historia que también usa la historia y que trae de regreso a Mario Conde, su detective frustrado que investiga por entre los frisos desconchados del velorio interminable de la revolución.
