El chavismo ha desvirtuado el sentido pragmático y la utilidad del concepto de leyes habilitantes, afirma el profesor Pedro Pablo Alcántara, dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo y ex diputado de la Asamblea Nacional.
La reserva legal establecida por la Constitución se dicta de tal manera, desde la perspectiva del constituyente, para proteger derechos humanos.
Pero cuando se legisla como lo hizo Hugo Chávez y como pretende hacerlo Nicolás Maduro, en materias que tienen que ver con leyes que pudieran cambiar los tipos penales, no sólo está violando la reserva atribuida a la Asamblea Nacional sino también las propias normas garantistas de la Constitución en el tema de que las medidas que se tomen en materia penal y que puedan tener carácter retroactivo, por ejemplo, sólo se dictan para beneficiar al reo.
De modo, pues, que hay una gran incertidumbre por la mala experiencia de las habilitantes de Chávez, que sirvieron para desarticular el artículo 115, relativo a la garantía de propiedad.
Además, Chávez legisló sobre aspectos penales. Dictó nuevas leyes con la excusa de una emergencia por lluvias, que terminaron por ser leyes reformadas.
Ninguna de esas leyes tenían que ver con el desastre causado por las precipitaciones pluviales y al día de hoy hay damnificados en distintos lugares de Venezuela, destacando el caso de Vargas, cuyas familias afectadas siguen pasando trabajo en refugios y arrimadas porque el Ejecutivo Nacional no se ha ocupado del caso.
Las habilitantes de Chávez fueron instrumentos de naturaleza perversa, utilizadas por el Gobierno para implantar un modelo jurídico paralelo a la Constitución y más cercano al orden totalitario que existe en Cuba y otros países dominados por dictadores.
Una nueva habilitación no solamente despojaría a la Asamblea Nacional de parte importante de su reserva legal, sino que sacaría a los ciudadanos de la consulta, del debate, de la participación pública, de la transparencia, para dejar en manos del Poder Ejecutivo, que ya ha probado ser profundamente ineficiente en todo lo relacionado con habilitaciones, con el fin de que se convierta en legislador sobre áreas en las cuales ya hay, si se trata de luchar contra la corrupción, leyes suficientes y en plena vigencia.
Al respecto basta citar la Ley contra la Corrupción, de la cual hay una reforma que elaboró la Asamblea Nacional y que está secuestrada en la Procuraduría General de la República desde los tiempos de Cilia Flores, como procuradora. Además citar las reformas a distintas leyes: la Ley de la Administración Central, la Ley Contra los Ilícitos y la Ley contra la Delincuencia Organizada.
El Gobierno está utilizando mecanismos corruptos para lograr la aprobación de su Habilitante con el enjuiciamiento de la diputada María Mercedes Aranguren y el diputado Juan Carlos Caldera.
Ya la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia admitió las solicitudes de antejuicio de mérito formuladas por la fiscal Luisa Ortega Díaz.
