Los educadores dependientes del Ministerio de Educación continúan demostrando su insatisfacción ante la firma de la VII Contratación Colectiva, la cual según ellos se discutió y aprobó “de espaldas a la masa trabajadora”.
Ayer realizaron una concentración frente a la Inspectoría del Trabajo, a fin de expresar su malestar con respecto a la Convención y solicitar que su mensaje sea llevado a la instancia nacional respectiva. Posteriormente, acudieron a la Defensoría del Pueblo, donde acordaron una reunión para el próximo lunes con la defensora Iris Rodil.
“Una de las tantas reivindicaciones que quedaron por fuera de esta Convención Colectiva, es el reposo postnatal de las educadoras embarazadas. La Ley del Trabajo establece que este reposo debe ser de 100 días, y el de nuestras docentes es de 89 días.”, indicó Delfín Amaro, secretario general del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial (Sinafum).
Sobre la escala salarial aprobada en la contratación, que incorpora dos incrementos del 25%, Amaro señaló que “ya en este momento, con una inflación acumulada de 48%, esos aumentos se vuelven imperceptibles”.
Sobre los señalamientos emanados desde el Frente de Trabajadores Socialistas de la Educación, quienes calificaban de desestabilizadores a los docentes que protestaron en fechas recientes, Amaro destacó que “el PSUV y la directiva nacional de Sinafum, a través de su presidente Orlando Pérez, fueron quienes se cuadraron con los partidos de la derecha y con el Gobierno para fregar a la base trabajadora”.
“Nosotros desde Sinafum Lara nos hemos caracterizado por actuar con criterios revolucionarios. Pero ello no implica aplaudir todo lo que haga el Gobierno. Las políticas que se tomen a favor del pueblo y de los procesos de enseñanza, nosotros las aplaudimos y las acompañamos. Lo que no podemos apoyar es la indignidad en la cual trabajan nuestros educadores”.
Para la semana que viene, los educadores tienen programadas diversas acciones, a fin de impugnar en su totalidad la VII Contratación Colectiva. “Acudiremos al Tribunal Contencioso Administrativo y a la Sala Político – Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Además, consignaremos un documento ante la Inspectoría del Trabajo en Caracas”, detalló Amaro.
“La idea de introducir estos instrumentos jurídicos ante los organismos respectivos, es tener los elementos suficientes para poder tomar acciones de protesta, dentro del marco legal y protegiendo la estabilidad laboral de nuestros agremiados”, destacó.
Indicó que deben cumplirse rigurosamente todos estos pasos, antes de tomar cualquier determinación que implique la paralización de actividades, “de lo contrario, estaríamos enviando a nuestros colegas por un despeñadero. Ante todo, nosotros nos caracterizamos por ser responsables”.
