Los gobiernos que intentan obligar a los ciudadanos a decidir entre una prensa libre y la seguridad nacional crean un «dilema falso» que debilita la democracia, y los periodistas deben luchar contra la creciente intervención del gobierno que ha tenido un efecto desastroso sobre los esfuerzos para obligar a los gobiernos a rendir cuentas, dijo el sábado el presidente y director general de The Associated Press.
Gary Pruitt dijo en la 69na Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que la recopilación secreta de registros de miles de llamadas telefónicas entrantes y salientes de reporteros de la AP en 2012 por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue una de las violaciones más patentes a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense con la que se haya encontrado la cooperativa noticiosa en sus 167 años de existencia.
La acción del Departamento de Justicia en la que involucró a la AP tuvo una resonancia más allá de Estados Unidos, inclusive en Latinoamérica, donde periodistas han luchado durante décadas para ejercer la libertad de prensa bajo regímenes autoritarios, dijo Pruitt.
«Las acciones adoptadas por el Departamento de Justicia no podrían haber sido confeccionadas más a la medida de los regímenes autoritarios que quieren reprimir a sus medios de comunicación. `En los Estados Unidos también ocurre’, pueden decir», agregó Pruitt.
Una prensa libre e independiente «es lo que diferencia a una democracia de una dictadura; lo que separa una sociedad libre de una tiranía», subrayó.
«Los gobiernos que tratan de crear una disyuntiva en la que los ciudadanos piensen que deben elegir entre una prensa libre o la seguridad nacional están cometiendo un error que a la larga los debilitará, no los fortalecerá. No es un dilema real. Es un falso dilema», aseveró.
Pruitt dijo que estaba alentado por los lineamientos propuestos por el Departamento de Justicia _presentados después de la recopilación de registros_ que darían a medios noticiosos un aviso previo respecto a citaciones judiciales, de manera que la prensa pueda impugnar esas acciones en la corte; protegerán no sólo registros telefónicos, sino también correos electrónicos, mensajes de texto y otras formas de comunicación electrónica de los reporteros; y garantizarían que los periodistas no serán perseguidos judicialmente por realizar su trabajo.
«Pueden ustedes estar seguros de que estaremos observando todo este proceso de cerca para asegurarnos de que estos lineamientos se apliquen y se cumplan», añadió Pruitt.
En 2012, el Departamento de Justicia obtuvo en secreto registros de números telefónicos de trabajo, casa y celular de periodistas de la AP, así como de los números de oficinas de la AP en Nueva York, Washington D.C., Hartford, Connecticut y del número de la AP en la galería de prensa de la Cámara de Representantes. El departamento realizó esto después de que la AP publicó un despacho que reveló que se frustró un complot en Yemen para hacer estallar un avión con destino a Estados Unidos, en momentos en que el gobierno del presidente Barack Obama estaba insistiendo públicamente que no tenía información de que, en ese período, organizaciones terroristas estuvieran planeando ataques contra Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estaba tratando de identificar quién filtró información para el reporte de la AP, pero no informó a la agencia noticiosa sobre su recopilación de registros sino un año después de publicado el despacho.
