La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia admitió la procedencia del antejuicio de mérito contra los diputados a la Asamblea Nacional Juan Carlos Caldera y María Mercedes Aranguren, solicitada por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el 20 de mayo y 2 de octubre, respectivamente.
Así lo informó el máximo tribunal a través de un comunicado de prensa, que da cuenta de la decisión tomada durante la reunión de los 32 magistrados ocurrida este jueves.
En la sesión, «admitieron la solicitud de antejuicio de mérito conforme lo dispuesto en los artículos 268 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), por aplicación supletoria a la cual hace referencia el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia».
Así mismo, se acordó convocar a una audiencia pública donde los parlamentarios y la fiscal general de la República, deberán exponer sus argumentos en relación a la solicitud de antejuicio, todo ello en virtud de lo preceptuado en el artículo 117 de la Ley Orgánica del TSJ y el artículo 379 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
Cabe recordar, esta admisión ocurre de manera paralela al proceso que se desarrolla en la Asamblea Nacional tras la solicitud de una Ley Habilitante formulada hace tan sólo 9 días por el presidente de la República, Nicolás Maduro.
La petición presidencial, con el argumento de una supuesta necesidad de reformar leyes punitivas para luchar contra la corrupción, pasó el martes pasado al estudio de una Comisión Especial designada por la mayoría chavista del Legislativo nacional.
Una vez que sea presentada a la consideración de la plenaria, hacen falta las tres cuartas partes de la totalidad de sus diputados para aprobar la Ley Habilitante, lo que representa una cifra de 99 votos necesarios para el oficialismo, que hasta ahora cuenta con 98.
Si el TSJ aprueba la investigación penal contra Caldera y Aranguren, el primero opositor y la segunda alejada de las filas del chavismo, la mayoría simple de la AN podría despojarlos de su inmunidad parlamentaria y suspenderlos de sus cargos, lo que dejaría a cargo de sus curules a los respectivos suplentes.
Así ocurrió con el diputado Richard Mardo, quien tras ser despojado, suspendido e inhabilitado políticamente por la AN, en un procedimiento denunciado como inconstitucional, el Ministerio Público no ha iniciado investigación alguna.
