Planificar es una actividad fundamental para un adecuado ejercicio del poder. La gestión pública, como igualmente la privada, requiere ser pensada, analizada, prevista y anticipada; en ese sentido la planificación pone a la orden de los gerentes, tanto del sector gubernamental como del empresarial, sus herramientas metodológicas que permiten definir una misión, establecer una visión estratégica, diseñar escenarios, definir valores y políticas, determinar competitividades, fijar criterios de habitabilidad, establecer proyectos, etc.
En general la planificación busca evitar los errores del pasado, desechar modelos y visiones que ya no resuelven los problemas de la gente, ubicarse en las tendencias mundiales que apuntan al desarrollo, armonizar los esfuerzos públicos y privados, darle viabilidad a la iniciativa individual abriendo cauces a los emprendimientos; coordinar que los recursos materiales, financieros y humanos se apliquen de forma programada en el tiempo y con la mayor eficiencia, efectividad, eficacia y productividad; cuidar que el modelo de desarrollo tenga el menor impacto ambiental posible, que no afecte negativamente el territorio y que logre ciudades sostenibles y sustentables.
A pesar de que la planificación es una actividad fundamental tanto en la esfera individual como en la vida de las organizaciones, públicas y privadas, es una herramienta subutilizada, infravalorada y casi ajena en el desempeño gubernamental. Las consecuencias de haber carecido de un visión estratégica, de una referencia de desarrollo y progreso, ha implicado un retroceso en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que es urgente rescatar al proceso de planificación, como la guía, como el marco de referencia que oriente el desempeño de la gestión pública, a todos los niveles del Estado, pero sobre todo en el ámbito municipal, nivel de gobernanza más próximo a la gente, que debe dar respuesta a sus necesidades y anhelos.
El entramado de planificación en Venezuela se concreta en un sistema jerarquizado de planes cuya fuente emana de la Constitución y de un cuerpo de leyes: Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular (2010), Ley Orgánica de Ordenación del Territorio (1983) y Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (1987), así como de reglamentos y otras normas legales; de manera que planificar es un mandato que le impone el estado de derecho al gobierno, en cualquiera de sus niveles. Los diferentes planes se establecen de la forma siguiente: El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, el Plan Nacional de Ordenación del Territorio, los Planes Regionales de Ordenación del Territorio, los Planes de Ordenación Urbanística y los Planes de Desarrollo Urbano Local.
El Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) es la herramienta más valiosa para orientar la gestión municipal, aunque sólo 3% de las ciudades del país cuentan con esta guía aprobada por su Cámara Municipal. Este plan no solamente contiene información sobre desarrollo urbano, vivienda y vialidad, sino que abarca toda la gama de elementos que interactúan en el seno de la ciudad de una manera dinámica y continua. Así el PDUL contiene información municipal sobre aspectos de geología, geomorfología, hidrología, climatología, pluviosidad, riesgo sísmico, demografía, calidad de los suelos, uso de la tierra, densidad permitida, agricultura, turismo, educación, salud, servicios públicos, vivienda, equipamientos urbanos, vialidad, movilidad y transporte, empleo, etc. Además explica todo el marco de planificación que lo rige, desde el Pan de Desarrollo Económico y Social de la Nación hasta el Plan de Ordenación Urbanística, incluyendo normas y reglamentos que lo condicionan. También incluye la estimación del monto financiero a invertir para poder implementarlo, así como el Programa de Actuación Urbanística y la Ordenanza de Zonificación.
