La reconocida socióloga y docente universitaria, Isabel Pereira Pizani, recuerda que a finales del siglo pasado Venezuela se caracterizaba como un país democrático, con una Constitución, leyes y un sistema económico definido, donde parecía haberse superado el militarismo, el caudillismo y todos los males del pasado; con miras al establecimiento de la descentralización como sistema de gobierno (con la creación de los estados y municipios).
Sin embargo, todo ello parece haber sido afectado con la llegada de Hugo Chávez al poder en el año 1999, quien comenzó a introducir una serie de elementos nuevos al Estado venezolano, para llevarlo en la senda de una renovada forma de Gobierno: el socialismo.
Contrario a lo que se ha dicho sobre la victoria del fundador del chavismo, Pereira considera la instauración del nuevo gobierno como una consecuencia previsible del contrato social que los venezolanos firmaron con los partidos políticos en el año 1958, cuando, con la construcción de una democracia real en Venezuela, con instituciones consolidadas y garantía de derechos ciudadanos, también se fortaleció el dominio del “Estado patrimonial”, propietario de los sectores generadores de riqueza.
“En Venezuela no era materia de discusión que el Estado fuese dueño del petróleo, de las industrias básicas, de las cadenas de hoteles. En fin, el único prestador de servicios que centraba el poder y el control económico de la sociedad, ponía las reglas del juego, y dentro de esa óptica, financiaba sectores para el control”, explicó.
Estado dominante y corrupción
El proceso de transición hacia la democracia, significó la firma de un nuevo contrato social que tuvo como fundamento el desarrollo del Estado patrimonial, donde indiscutibles demócratas como el expresidente Rómulo Betancourt tenían como lema “ni una concesión más a particulares, con lo cual se impidió a los ciudadanos intervenir en la explotación de recursos como el petróleo o el hierro.
Una visión política cuya inoperancia ha sido demostrada por la historia, ya que cuando la economía está sometida al Estado, los procesos económicos resultan inviables por no haber participación directa de la ciudadanía en la generación de riquezas, ni libertades económicas para la creación de empresas”.
En este tipo de manejo del Estado, expuso Pereira, no se da una relación saludable entre la democracia y el mercado, lo cual resulta perjudicial para el sistema de gobierno, ya que en regímenes contrarios a los conceptos democráticos aún puede haber mercados fortalecidos.
El dominio del Estado sobre la riqueza también lleva al reparto discrecional de los fondos de la nación, cuyos efectos comienzan a sentirse en la segunda etapa de este periodo (luego del “viernes negro” de 1983), cuando crece el fenómeno de la corrupción.
“Se tenía a un pequeño grupo manejando todos los recursos del país, por supuesto que se empieza a generar el envilecimiento de la nación y los partidos políticos empiezan a perder relación con el pueblo”, explicó.
Aunque con la descentralización se impulsó un proceso de desmembramiento de ese Estado patrimonial, este no resultó suficiente para hacer frente a los efectos de la corrupción en la opinión de los venezolanos sobre la función del Gobierno, por lo cual se dio paso a un grupo que buscaba “acabar con los cogollos oligarcas”, pero sin resolver trasfondo del problema.
Adicionalmente, la “visión ingenua” de que con la educación se resolverían los problemas del país, a través de la imposición de una nueva moral pública, el gobierno de Hugo Chávez comenzó a virar hacia una propuesta ideológica de otro tipo, la cual, lamentablemente, significó una mayor reconcentración del poder del Estado patrimonialista.
“Ahora tenemos un Estado inmenso, que nos ahoga. Cada día tenemos menos libertades de opinión y de prensa, económicas y de participación. Por eso digo que cuando Chávez llega al poder, el ya tiene la mesa servida con un Estado poderoso”.
Nuevo contrato social
Por ello, Isabel Pereira Pizani explica que ante la inviabilidad de la visión del Estado dominante, se viene un despertar de la conciencia social para trabajar en la firma de un nuevo contrato social, que no es un conjunto de políticas públicas sino el desarrollo de una sociedad distinta a la actual que pasa por dejar la demonización del capitalismo y llevarlo a una fase moral superior donde sea más humanitario, con una agenda “antimonopolio público” que haga frente al Estado patrimonialista y el fortalecimiento de la descentralización para redimensionar al poder central.
