Reclamaron a la fiscal una explicación sobre su silencio en torno a las denuncias por 17 casos de corrupción.Por su responsabilidad en los «maltratos» proferidos a diputados de la oposición, la diputada a la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, denunció al presidente del Parlamento, Diosdado Cabello, ante la Fiscalía General de la República.
Aseguró que el proceder del líder del PSUV para con representantes de la voluntad popular viola la Constitución y las leyes, y por lo tanto debe ser investigado.
«Lo denunciamos por su actuación al frente de la Asamblea Nacional en lo que es una clara y sistemática afrenta contra los diputados de la alternativa democrática», señaló Figuera.
“La gota que derramó el vaso ocurrió esta semana, con el procedimiento sancionatorio abierto al diputado de Primero Justicia, Julio Borges.
Se violaron los derechos que asisten a Borges y a Nora Bracho, como son el debido proceso, el beneficio de la duda, y el derecho a la defensa», destacó.
Denuncias engavetadas
Por otro lado, la representante de la tolda aurinegra consignó otro documento ante el despacho de la fiscal Luisa Ortega, con el cual exige una explicación sobre el silencio demostrado por esta institución frente a la denuncia de 17 casos de presunta corrupción que comprometen la gestión de Cabello frente a la gobernación de Miranda, entre 2004 y 2008.
En 2009, cuando Henrique Capriles le ganó la gobernación al candidato a reelección, el procurador general del estado Miranda consignó varias cajas de documentos como sustentos para el inicio de una investigación, no obstante el Ministerio Público no realizó ninguna diligencia.
«Son más de 17 casos que causaron daño patrimonial a la gobernación y habitantes de Miranda por 480 millones de bolívares, y nosotros como diputados y ciudadanos merecemos una explicación”.
«Tenemos casos como la compra de 10 compactadoras, de las que fue entregada sólo una pese a que se canceló todo el monto; también la compra de vehículos para el Cuerpo de Bomberos sin documentos ni contrato por un monto de 16 millones de bolívares. Igualmente el caso del Hotel Anauco, en el cual se detectaron pagos dobles por cancelación de hospedaje a médicos cubanos por la cantidad de 5,6 millones; igualmente, adjudicación de obras sin licitación a través de Invitrami, por 3,5 millones», recordó la legisladora.
