Con el decreto número 458 del presidente de la República, Nicolás Maduro, que crea el Centro de Estrategia de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), lamentablemente, se reinstalan las mismas funciones de la “ley sapo”, expresó la doctora Rocío San Miguel al ser entrevistada, vía telefónica, por EL IMPULSO.
La presidenta de la Asociación Civil para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional dijo que este organismo castrense será dirigido por el mayor general Gonzalo López, quien pasó a retiro en julio y apenas se mantuvo un mes en esa condición, porque fue reincorporado a las funciones públicas en septiembre para, precisamente, presidir el Cesppa.
Yo lo denominaría tajatemente como el Centro Nacional del Sapeo, expuso. Con este organismo se reinstalan las mismas funciones que tenía la muy tristemente célebre “Ley sapo” y creo que es lo más grave que se plantea con la creación de este Centro.
Más allá de la censura, más allá de las restricciones a las cuales se verán sometidos los periodistas, más allá de la historia militarista del país que es clara, el artículo 10 del mencionado decreto es sumamente grave, porque todas las personas podrán ser citadas a aportar la información que requiera el Centro Estratégico del Sapeo, como lo he llamado, sin garantías judiciales de ningún tipo y, además, con un carácter inconstitucional completamente.
-Dada esta característica, ¿no existe la posibilidad de que sea declarado inconstitucional y, desde luego, no ser aplicado?
-Sí. El presidente Hugo Chávez, en el año 2007, fue capaz de derogar una ley de estas proporciones. Al presidente Nicolás Maduro le es mucho más fácil echar para atrás un decreto presidencial. Estamos hablando de rangos legislativos y normativos muy distintos. La ley tiene un costo político más alto que el de un decreto presidencial. Creo, además, que Maduro con este decreto dictado el lunes de la semana pasada, detrás tiene los poderes habilitantes. Claramente, legisla Maduro con este decreto cuando no está autorizado aún por la habilitante para hacerlo.
-Al ocurrir esta situación, ¿se está colocando Maduro de espaldas a la Constitución y ha tomado una actitud arbitraria?
-Más que la vía jurisdiccional, todo ciudadano investido o no de autoridad está en el deber de hacer respetar la Constitución. Todos tenemos la posibilidad de acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia, para pedir la nulidad plena de este decreto. Pero, creo que por la gravedad, por la profundidad del contenido de este decreto, es incluso más grave que la discusión sobre la Habilitante. Es un asunto político de muy hondas repercusiones nacionales, que debe ser echado para atrás por parte de Maduro, más allá de los formalismos legales de que cada ciudadano pueda pedir la nulidad.
-¿En qué se parece este decreto a la Ley sapo?
-Tiene muy parecido el contenido, porque todas las personas naturales o jurídicas tendrán la obligación de aportar la información requerida por el Centro. Esto puede llegar inclusive a significar la delación de familiares.
Es un esquema típicamente cubano, en el cual las personas estarán obligadas a convertirse en sapos de otros. Y esto es muy peligroso para una sociedad. El presidente Chávez lo entendió y en 35 días fue capaz de echarla para atrás cuando era titular del ministerio de Relaciones y Justicia, Ramón Chacín. Derogó esa ley que logró con poderes habilitantes.
