La sociedad venezolana vive momentos similares a los vividos en 1988, advirtió este lunes la organización no gubernamental Programa en Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea.
Con motivo de la celebración de su 25° aniversario, la ONG emitió un comunicado para sentar posición frente a lo que calificaron «una coyuntura muy compleja», en la cual los aspectos económico, social y político del país podrían compararse con los percibidos el año de su nacimiento.
«Creciente malestar social, amplia protesta de calle, importantes niveles de corrupción, alta inflación, deficiencias considerables en los servicios públicos, abusos constantes de policías y militares, altos niveles de impunidad, desconfianza de la población en las instituciones y deseos de eficacia en la gestión de las políticas públicas», alertó la organización. Cabe recordar, fueron estos factores los que engendraron el estallido social de 1989, conocido como «El Caracazo».
Autoritarismo
Por otro lado, Provea hizo un llamado al Gobierno actual para que efectúe un cambio de actitud ante lo que consideran como una marcada tendencia al autoritarismo.
«Expresamos nuestra preocupación por los crecientes rasgos autoritarios en la gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro, lo cual genera condiciones favorables para la violación de los derechos humanos y para que se diluyan más dichos avances», manifestaron los activistas.
Esos rasgos, aseguran, se manifiestan en hechos concretos: «Asumir la perversa doctrina de la Seguridad Nacional donde el interés fundamental es defender al Estado y no a las personas, considerando la existencia de un enemigo interno al cual hay que derrotar y aniquilar», es uno de ellos.
«Paradójicamente la misma doctrina usada por las dictaduras del cono Sur en la década de los 70 para enfrentar lo que denominaron “subversión comunista”, subrayó Provea.
Así mismo, para la organización de DDHH otro indicativo sería el creciente proceso de militarización, tanto de la gestión pública como de las labores de seguridad ciudadana, «abandonando el esfuerzo realizado desde 2006 para crear e instalar una visión democrática respetuosa de los derechos humanos en el enfrentamiento al delito».
Igualmente señalaron a Maduro por haber «instalado en el alto gobierno, como política de Estado, el discurso de la amenaza y la intimidación a las voces críticas, la disidencia interna y frente a la protesta social».
Ante esto, «consideramos que la actitud del Gobierno es equivocada», pues, consideran, la agenda de la confrontación impide que se debatan los problemas que más interesan a nuestra población.
«Por eso en este aniversario ratificamos nuestro llamado a la solución pacífica y democrática de los conflictos, a la exploración de acuerdos, al respeto a la diversidad y aprovechar la riqueza de lo diverso para el desarrollo de adecuadas políticas públicas que permitan seguir avanzando en la lucha contra la pobreza, la disminución de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad, así como el fortalecimiento del sistema democrático».
