El Congreso venezolano discute desde este martes el pedido de superpoderes de Nicolás Maduro para gobernar un año por decreto en temas de lucha anticorrupción y una declamada guerra económica, pero analistas opinan que el pedido aspira a fortalecer al presidente frente a la oposición y la disidencia interna.
Maduro dispone de una cómoda mayoría legislativa que le permite sancionar leyes sin sobresaltos, pero reclamó poderes especiales argumentando que la corrupción y las maniobras de lo que califica como «burguesía parasitaria» delinean una situación «de vida o muerte» para el modelo chavista.
Venezuela está catalogada entre los doce países con peor resultado en lucha anticorrupción por la ONG Transparencia Internacional, y en el plano económico la inflación es la tercera mayor del planeta (50% anual), hay problemas de abastecimiento y pese al control de cambios el dólar ilegal cotiza siete veces por encima del oficial.
El pedido de superpoderes «es una ofensiva estratégica que puede tener dos tableros: no sólo el de la oposición, sino también el de disuadir a sectores internos del chavismo para consolidar el liderazgo puertas adentro», dijo a la AFP el analista John Magdaleno.
Magdaleno advierte que «por primera vez en 14 años, una mayoría en las encuestas le atribuyen la mayor responsabilidad (de los problemas del país) al gobierno y al presidente».
«Eso no ocurría en los tiempos de (Hugo) Chávez (1999-2013)», añadió Magdaleno, para quien Maduro, ungido en marzo en elecciones que apenas ganó por un 1,49% de los votos, busca con sus poderes especiales «fortalecer el liderazgo interno, cuestionado desde el principio».
Para Luis Vicente, director de la encuestadora Datanálisis, el gobierno «quiere utilizar estos poderes para ir más contra la oposición que contra la corrupción».
Maduro ya «tiene mayoria legislativa, pero si envía leyes hay que permitir que se abra el debate y (eso) cada vez se pone más fastidioso en un país donde la oposición es cada vez más grande. Siempre es más cómodo cuando anulas la Asamblea y la conviertes en un adorno», dijo Vicente a la AFP.
Y cuando la oposición se niegue a votar en el recinto legislativo los poderes especiales, el chavismo «venderá la idea que es la oposición la corrupta».
León agregó adelantó que en el marco de la lucha anticorrupción «se verán algunos actos del gobierno en contra de chavistas que no tengan padrinos ubicados en sitios muy elevados».
Una historia que se repite
La solicitud de superpoderes, que deberá ser aprobada en dos debates en cada ocasión por tres quintos del cuerpo legislativo, ocurre a dos meses de las elecciones municipales en Venezuela, vistas como una suerte de plebiscito de su gobierno.
De aprobarse, esta ley habilitaría al Ejecutivo a emitir «decretos con rango y valor de ley» sin ser discutidos en la Asamblea. Todos los presidentes han solicitado estos poderes especiales en los últimos 40 años, entre ellos Hugo Chávez, quien emitió más de 200 leyes con estos superpoderes en 2000, 2001, 2008 y 2010.
En su discurso de tres horas la semana pasada ante la Asamblea, Maduro había pedido «poderes habilitantes especiales (…) para dar un revolcón a los corruptos y a sus cómplices».
Siguiendo el estilo confrontativo que ha caracterizado su gobierno, Maduro advirtió en el recinto: «¡Preparénse que voy con todo!», y sostuvo que perseguirá tanto a la corrupción «amarilla» (oposición) y a la «rojo rojita» (oficialismo), que «son la misma cosa, responden a la misma lógica delictiva».
Al pedir superpoderes Maduro volvió a «las viejas obsesiones» del ministro de Planificación Jorge Giordani, quien ha cerrado todo diálogo con el sector privado, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado, citado por el diario El Universal. El gobierno, «en lugar de hacer rectificaciones, busca endurecer y busca culpables».
Precisamente la semana pasada el ministro de Finanzas, Nelson Merentes -considerado un pragmático proclive al diálogo con el sector privado- fue desplazado del cargo de coordinador de los ministerios económicos, aunque conservó su cartera.
En su reemplazo como vicepresidente del área económica fue designado Rafael Ramírez, considerado un ortodoxo y quien ocupa la estratégica cartera de Petróleo y preside la petrolera estatal de cuya caja vive el Estado, pues aporta el 95% de las divisas que entran en el país.
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