Los reacomodos que se han venido haciendo en el alto gobierno, quitándole facultades al principal interlocutor que tenía en el sector privado dentro del oficialismo, como Vicepresidente del Área Económica, y designando en su lugar a uno de los personajes más radicales dentro del proceso, deja perfectamente claro que los pasos que se venían dando en la dirección correcta, se van a quedar a mitad de camino.
En estos momentos, todos los organismos del alto gobierno están centrados en tratar de resolver, lo que en este momento es el Talón de Aquiles de la actual administración, concentrados alrededor del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, como es la escasez y el desabastecimiento que lejos de menguar, tras los anuncios de la importación de US$ 600 millones de productos desde Colombia, así como de otros países como Brasil, Argentina y Nicaragua, se profundiza mientras decenas de barcos se encuentran anclados en las radas de los puertos nacionales, haciendo cola para descargar sus mercaderías.
La desesperación es de tal magnitud, que el Ejecutivo está suspendiendo hasta marzo del año que viene, en todo el territorio nacional, las guías de movilización emitidas por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral, para el transporte de cereales; también se suspendió hasta marzo del próximo año, la exigencia de Registro Único Nacional de Salud Agrícola Integral; el Seniat activó las operaciones en las aduanas del país las 24 horas durante 7 días de la semana, para garantizar la nacionalización, despacho y descarga de mercancía de consumo básico y uso de primera necesidad. Asimismo, se lleva a cabo la instalación de las Coordinaciones Integrales de Atención Especial en las aduanas principales y las subalternas que lo ameriten, donde los importadores tendrán mayor facilidad para concretar la salida de su mercancía; Cadivi activó la Providencia N° 119 en la cual se incorporaron una serie de cambios, con los que se busca agilizar el proceso de importación de productos de primera necesidad para los venezolanos, en la coyuntura que atraviesa el país por la guerra económica de grupos que pretenden desestabilizar nuestra Nación.
A estas decisiones de último momento, hay que agregar las anunciadas hace un par de semanas por el Vicepresidente de la República, suspendiendo temporalmente la presentación de los Certificados de No Producción Nacional para gestionar las divisas ante Cadivi, todo ello tras el mismo objetivo de lograr que el mercado nacional esté totalmente abastecido, antes de las elecciones del 8D, por cuanto es evidente el malestar que en este momento hay en el país debido a la escasez, y sobre todo como consecuencia del encarecimiento en el costo de la vida, que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la mayoría de las familias venezolanas, muy particularmente para aquellas de escasos recursos que tienen como ingreso 2 o 3 salarios mínimos por grupo familiar y no les alcanza para atender sus necesidades mínimas, viéndonos obligados también a hacer mención de los jubilados del IVSS, a quienes no les alcanza muchas veces para alimentarse, mucho menos para adquirir los medicamentos para curar sus achaques de la tercera edad.
Inflación desenfrenada
La otra variable que genera preocupación e inquietud en el alto gobierno, es la forma acelerada como se están encareciendo los precios de los bienes y servicios en este año, situación que le permite a los economistas desde ya, pronosticar una inflación de 50% para finales de año, tomando en consideración que esta variable en el mes de septiembre se disparó hasta 4,4% de acuerdo con las cifras que maneja José Guerra, ya que el emisor aún no ha dado las cifras oficiales sobre el encarecimiento de los precios el mes pasado.
No hay que olvidar que la Canasta Normativa del Instituto Nacional de Estadísticas para el mes de septiembre ya está montada casi en los 3.000 bolívares; la canasta alimentaria del Cendas-Fmv para ese mismo período se ubicó cerca de los 7.000 bolívares y la canasta básica, que incluye alimentos y todos los demás servicios, está en alrededor de los 12.200 bolívares.
El alto gobierno insiste en acusar a la empresa privada de una supuesta “guerra económica”, sin embargo, la industria de alimentos por ejemplo asegura que está operando al 100% de su capacidad instalada, pero tiene problemas serios con las materias primas y los insumos; mientras tanto el Ejecutivo en lugar de revisar sus políticas económicas, generar los estímulos para impulsar la producción nacional, para atender el problema de la escasez, acude al tradicional expediente de las importaciones, lo que ha permitido a muchos miembros de la boliburguesía, convertirse de la noche a la mañana en multimillonarios.
Los empresarios venezolanos han expresado que su objetivo principal es producir y vender, a la mayor velocidad posible, para seguir produciendo, abasteciendo mercados y generando empleos; advirtiendo asimismo que nada ganan con retener productos.
Sin embargo, el sector agrícola y el sector manufacturero nacional se han tenido que enfrentar a políticas públicas como invasiones, ocupaciones ilegales, violaciones a la propiedad privada, impidiéndoles su desarrollo y ahuyentando las inversiones nacionales y extranjeras, aumentando la presión para aumentar las importaciones de productos terminados, que es lo que hoy estamos viviendo.
