La defensa considera que no existe evidencia para llevar a juicio a los jóvenes manifestantes.
Hoy y mañana los 37 jóvenes imputados por participar en las manifestaciones del 15 y 16 de abril, en rechazo al resultado de las elecciones presidenciales, deben acudir a los tribunales para la realización de la audiencia preliminar, donde se decidirá si su caso es llevado a juicio.
El abogado Pedro Troconis, representante legal de los jóvenes, insiste en que no existen los suficientes elementos de prueba para justificar la apertura proceso legal contra los señalados, dado que no aplica la comisión del delito de instigación e intimidación pública para que los ciudadanos formaran parte de la manifestación.
“La Fiscalía se limita nada más a aportar los testimonios de los funcionarios de la Guardia Nacional, sin ningún otro tipo de elemento probatorio que avale lo dicho por los aprensores”, dijo.
El jurista considera que el juez de control, en el caso de ser una persona analítica y justa, debería no admitir la acusación fiscal por tratarse de un señalamiento sin fundamento.
Las convocatorias a audiencia se harán por separado a los dos grupos, uno de 17 (hoy) y otro de 20 (mañana), en los cuales fueron divididos los jóvenes detenidos durante las manifestaciones, efectuadas a las puertas del Consejo Nacional Electoral en el estado Lara.
Se espera que la audiencia se lleve sin contratiempo alguno. Lo que pudiera afectar el cumplimento de este proceso, sería la no emisión de las respectivas citaciones de los acusados, porque de faltar alguna la audiencia no se llevaría cabo.
Las protestas de Barquisimeto formaron parte de las acciones de descontento popular, originadas por el desacuerdo de la oposición con la victoria electoral de Nicolás Maduro, y por la cual los ciudadanos exigían el conteo del voto a las puertas de las oficinas del Consejo Nacional Electoral en la región.
El presunto maltrato denunciado por los detenidos en las primeras horas de su arresto fue ampliamente criticado por tratarse de un irrespeto a los derechos humanos.
Cabe recordar que las manifestaciones han tenido repercusiones en otros ámbitos, en particular con la detención de Luis Roberto Suárez y José Guerrero, gerente general y jefe de seguridad del Centro Comercial Sambil, quienes fueron detenidos por haber asistido a quienes se encontraban en la manifestación. Ambos trabajadores salieron en libertad el pasado 10 de octubre, por decisión del Tribunal Tercero de Control.
