Dirigentes de los gremios coinciden en señalar que las importaciones de productos alimenticios afectan considerablemente a los productores nacionales.
No se oponen radicalmente a las importaciones porque éstas complementan la producción del país; pero, señalan que ha faltado diálogo para que se realice este proceso, porque precisamente se traen rubros cuando estamos en plena cosecha de maíz, arroz y sorgo; los transportistas prefieren, como es natural, los fletes de los distribuidores que deben sacar los rubros que se encuentran en los barcos en los principales puertos y, además, faltan vehículos.
Hay algunos artículos que no se producen suficientemente como el azúcar, ya que el 60 por ciento del consumo tiene que venir del exterior.
Pero, hay otros, como la naranja, que puede exportarse pero los niveles de costo de producción no son rentables para los productores.
También hay un problema para adquirir insumos, porque no se otorgan los certificados de no producción nacional y se da el caso de que más de la mitad de cantidad de tractores y más del 80 por ciento de las cosechadoras ya tienen vencida su vida útil.
Otra cosa que llama la atención es que se esté pensando en una ley de semillas sin consultar a los agricultores y haya oposición a las nuevas tecnologías sin tomar en cuenta la opinión de los investigadores.
También se deben considerar que los centrales azucareros que están en manos del gobierno apenas producen el 20 por ciento de ese renglón mientras que el 80 por ciento lo suministran los que están en el sector privado.
El 90 por ciento de los predios intervenidos por el gobierno se encuentran ociosos o improductivos o en uso no conforme.
Además los conceptos que tiene el Ejecutivo Nacional sobre el mundo agrícola son caprichosos y se dejan al libre albedrío de los funcionarios. La situación es compleja.
Se importa 60% del azúcar
A principios de este gobierno se adoptaron medidas que estuvieron a favor de la producción en la cañicultura, manifiesta el Dr. José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Cañicultores de Venezuela. Logramos en el 2001, 2002 y hasta el 2006 que la caña comenzara a crecer. Ese último año se consiguió una tasa récord. Nunca se habían molido 9 millones de toneladas de caña azúcar. Los centrales estuvieron casi a plena capacidad. Ningún gobierno anterior había logrado que se produjera 870 mil toneladas de azúcar.
A partir del 2003, cuando se estableció la regulación de precios, fue bajado en 15 por ciento el precio del azúcar y comenzó un desfase con respecto a los costos de producción, porque la inflación ha estado por encima todo el tiempo de los reconocimientos que se le han hecho al rubro.
Del 2006 en adelante se produjo un descenso bastante fuerte y caímos alrededor de los 5 millones 500 mil toneladas de caña.
Los centrales azucareros estaban en manos privadas, pero hoy día hay 9 centrales en manos de CVAzúcar y uno bajo el control de PDVSA Agrícola. Los 6 que se encuentran en poder del sector privado producen el 80 por ciento y los del gobierno, el 20 por ciento. En esta zafra que está terminando ahorita se molieron 6 millones 500 mil toneladas de caña y se produjeron 520 mil toneladas de azúcar, lo que representa diez por ciento más que el año pasado.
Conviene señalar que Venezuela sólo exportó azúcar en los años 70. De allá para acá siempre ha importado, unos años más y otros menos.
El déficit de hoy día es de 700 mil toneladas, pues apenas se produce el 40 por ciento del consumo.
Este repunte que tuvimos este año se debe a que el ministro Loyo, en el 2011 y a principios del 2012, tomó la decisión de aumentar el precio del azúcar en un período corto.
Hoy nos encontramos dentro de una política de subsidio destinada a que no se le suba el precio al consumidor, pero el productor lo recibe a destiempo y no es suficiente. Se está pidiendo al ministerio que lo haga a tiempo, porque si no, no se hace nada.
Tierras sin producir
Venezuela tiene 30 millones de hectáreas potencialmente desarrollable para el sector agropecuario; pero, de esas apenas el 25 por ciento se están utilizando en estos momentos, expresa el Dr. Manuel Cipriano Heredia, presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga).
Sobre esa área es que se han venido registrando las intervenciones de fincas productivas. El propio gobierno ha reconocido que ha intervenido más de 4.1 millón de hectáreas. Más del 90 por ciento de esas hectáreas intervenidas hoy están ociosas, o improductivas o de uso no conforme.
Cuando se habla de uso no conforme existe un ejemplo muy específico. Una de las joyas agrícolas del gobierno nacional es el centro genético Florentino, municipio Alberto Arvelo Torrealba, estado Barinas. Esa finca tiene 3.700 hectáreas y en su inmensa mayoría, para no decir toda, está compuesta por tierras tipo 2 y 3. Cuando se utiliza la palabra uso no conforme es porque la Ley de Tierras establece que todo lo que sea ganadería (leche, carne, recría, ceba, levante) tiene que hacerse en tierras de 5ta hacia adelante. El propio gobierno está utilizando tierras de segunda y tercera, que debiera ser dedicadas a la agricultura, a centros bovinos.
Este año el presidente del Instituto Nacional de Tierras ha dicho que piensa intervenir 265 mil hectáreas. Al momento no sabemos cuántas han podido ser intervenidas; pero, no creo que sea un número muy elevado, pero si siguen insistiendo en esa cifra es porque lo piensan hacer y sería una avalancha de intervención de fincas para poder cubrir esa cifra.
Por otro lado, hemos visto cómo en el país han tratado de eliminar las inversiones, por ejemplo, en la hacienda Bolívar, de Santa Bárbara del Zulia; sin embargo, en la hacienda El Capitán, en Machiques, Perijá, que fue la primera en utilizar la inseminación artificial, se ha informado que se estaba perdiendo más de 50 mil litros de leche porque los ocupantes ilegales no dejan entrar a sus legítimos dueños.
Fedenaga no apoya el latifundio. Pero, hay que señalar que para el gobierno, el latifundio tiene tres conceptos. El primero, es el clásico: grandes extensiones de tierra que no producen nada; el segundo, parte del 2001 con la habilitante cuando se promulga la Ley de Tierras que considera como latifundio toda finca que tenga más de 5 mil hectáreas y no sean productivas; y el 10 de julio del 2010, cuando se le da una nueva modificación a la Ley de Tierras, señalando que latifundio es toda finca que tenga por encima del promedio de la zona y esté ociosa o de uso no conforme.
En el 2005 fue implantada esa frase “por encima del promedio de la zona”. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el promedio de las fincas del estado Lara? ¿Cuál es el promedio de las fincas de Palavecino, Torres, Simón Planas, Urdaneta o Jiménez? O, ¿cuál es el promedio en una parroquia o en un sector? Como el Instituto Nacional Geográfico Simón Bolívar no se ha dignado a sacarlo a la luz pública, queda a la discrecionalidad de los funcionarios determinar si una finca está por encima del promedio de la zona.
Además de ese, existe el concepto de ociosidad de la tierra. ¿Cuál es su significado? Aquella unidad de producción que no cumple el 80 por ciento de los promedios de producción de la zona. Nos preguntamos: ¿es igual producir maíz en Barinas que en Guárico? En Barinas pueden darse cinco o seis mil kilos; pero, en Guárico cuando se dan cuatro mil kilos es bastante bueno. Ese tipo de conceptos se utilizan muy vagamente, pero se le mete en la mente de los funcionarios que todo el mundo es latifundista,
Considera el Dr. Heredia que el primer latifundista es el gobierno nacional. Debiera, por lo tanto, el Ejecutivo Nacional hacer una profunda revisión interna para determinar qué ha pasado con las fincas que están intervenidas.
