El dirigente político y exmiembro de la Constituyente de 1999, Pablo Medina, opinó que las razones para solicitar poderes extraordinarios no son ni económicas, ni jurídicas, son estrictamente políticas.
“Si yo fuera el Presidente de la República y estuviera acompañado de los funcionarios que estuvieron presentes en la sesión del martes, de allí tendría que salir una comisión del Cicpc para echarle el gancho a todos los ministros.
La comisión la tiene ahí en su Gobierno. En esa sesión estaba un grupo importante de quienes han destruido el país moralmente; son aquellos que el año pasado, a través de Cadivi y con empresas fantasmas, se robaron 15 millardos de dólares, y ya llevan 826 millones de dólares en 2013. Y esta cifra se debe no a que nos quieran robar menos, sino a que hay menos dinero.
El propio Maduro es reo del delito desde el punto de vista moral, porque es un indocumentado usurpador. La corrupción no está sólo en el dinero, sino también en las ideas cuando los funcionarios públicos violan la ley y los artículos constitucionales. Mentir es un acto de corrupción, tal como hizo él (Maduro) al decir que su madre nació en Rubio, cuando nació en Cúcuta”.
La solicitud de una Habilitante es terrorismo de Estado, porque va dirigida a otorgar al Ejecutivo todos los poderes para reprimir, cuando el petróleo ya está comprometido y se han robado todo el dinero”. Igualmente añadió que implementarla por un año significaría la clausura del parlamento, porque lo dejaría sin ejercicio.
“Un parlamento es para legislar mediante el debate y el foro político y con esos poderes extraordinarios habilitados durante un año, el parlamento no sería más que un concejo municipal”, acotó, agregando que Maduro podría terminar igual que Alberto Fujimori en Perú, quien fue detenido junto a sus ministros, generales e incluso dueños de medios que ayudaron a mantener su dictadura. Algunos aún pagan condena.
