Carlos Correa afirma que ofrecen una visión militarizada de la sociedad
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, expresó su rechazo por el decreto presidencial que ordenó la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), publicado en Gaceta Oficial el pasado martes.
A su juicio, el mismo no respeta la forma, porque se salta los canales regulares, ni el fondo, porque viola los derechos a la libertad de expresión y a la información, consagrados en el artículo 57 de la Constitución nacional.
«En primer lugar, no se puede hacer una regulación por la vía de un decreto. El segundo elemento es que hay una visión militarizada de la sociedad que obliga a que de alguna manera toda información que tenga cualquier ente puede ser obtenida por este Centro y censurada», manifestó Correa.
Así mismo, señaló que las organizaciones no gubernamentales preocupadas por la libertad de expresión estudian la situación con el fin de ejercer acciones, con el fin de «sensibilizar a la sociedad» sobre las implicaciones de orden que lesionan derechos fundamentales.
«Queremos que el propio Estado entienda que no se puede regular un aspecto tan sensible como este, porque tiene consecuencias para la gente de a pie que pueden ver cercenado el acceso a su información», manifestó.
Antecedentes
El decreto en cuestión consta de nueve artículos en los cuales se establece que el Cespa estará a cargo del Presidente de la República, quien podrá «establecer la reserva» de cualquier información o hecho que sea de su conocimiento. Además, se plantea el nuevo órgano como un centralizador de la actividad de inteligencia en el país, como una herramienta para combatir al «enemigo interno y externo», entre otros términos de igual ambigüedad.
De igual forma, se obliga a los entes públicos y privados a suministrar cualquier información al Centro.
Esta iniciativa del gobierno de Maduro tiene un antecedente directo en el de su predecesor, Hugo Chávez, quien en 2010 creó el Cesna, o Centro Situacional de Estudios de la Nación, con idénticos planteamientos.
En esa oportunidad las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil reaccionaron enérgicamente interponiendo un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual fue admitido pero aún no decidido.
