A pesar de los anuncios hechos por el Gobierno nacional, en relación a las mejoras registradas en el salario mínimo, la realidad de los trabajadores que componen el sector público parece ser diferente.
Pablo Castro, directivo del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, repasó la situación que enfrentan todos los trabajadores que tienen como patrono al Estado venezolano, a manos del Gobierno nacional que preside Nicolás Maduro.
“Allí están los trabajadores de Sidor y de las empresas básicas de Guayana, tienen 21 días (ayer) en huelga interna reclamando por el incumplimiento de unas cláusulas del contrato colectivo que está vencido hace dos años”, indicó Castro, “y, sin embargo, Maduro (Nicolás) los llamó narco-sindicalista y aliados a los intereses del imperio, cuando la mayoría de ellos son del sector oficialista”.
Según Castro, la lucha que llevan estos empleados seguirá hasta que el Presidente de la República “no cumpla con lo que prometió Chávez (Hugo), de que iban invertir y que iba a pagar las deudas en su visita cuando fue la campaña de las elecciones de octubre del año pasado”. Castro indicó que la situación en la que se encuentra la masa obrera del sector público y la producción de las empresas de este mismo sector, “es la demostración más palpable del fracaso de las expropiaciones inconsultas y a los bravo, entre esos está Cemex, Sidor, Lácteos Los Andes…”.
Para el defensor de los trabajadores públicos y privados, y de quienes los agrupa, las expropiaciones se realizaron con la promesa de entregarle la gerencia a los trabajadores a través de la propiedad social, pero nada de esto se cumplió, “lo que trajo como consecuencia fue un discurso demagógico, un grupo de enchufados de las empresas, entre ellos militares, que desconocen la dinámica de las empresas”.
Además, Castro indicó que hay un descontento y miedo entre los trabajadores públicos porque “el gobierno bota a cualquier trabajador de las empresas del Estado, violentando la inamovilidad laboral”, y recordó los casos de los 200 sindicalistas con procesos, y a Rubén González, quien fuera sentenciado a 7 años de los cuales duró uno en la cárcel, y ahora tiene régimen de presentación, por haber reclamado la deuda en la industria ferro-minera.
Para finalizar, y debido a todo lo descrito, Castro indicó que la Fadess entregó en el día de ayer un documento ante la Fiscalía General de la República en el marco del día del trabajo decente. “Estamos reclamando el trabajo decente, el salario justo, la seguridad social, que se respete la contratación colectiva, rechazando la ‘criminalización’ de la protesta y que se respete los derechos sindicalistas”. Además, anunció que el próximo 29 de octubre se está convocando a una protesta nacional en reclamo de estos derechos, “todos tenemos que defender nuestros derechos”, culminó.
