Comienza a incrementarse la preocupación y el temor, entre las principales organizaciones empresariales del país, especialmente las del área del comercio y los servicios, sector que es el que da la cara a los consumidores, luego de revisar con mucho detenimimiento los alcances del Decreto N°. 429 públicado en la Gaceta Oficial, N° 40.261 de fecha lunes 30 de septiembre, que pone en vigencia el Órgano Superiorpara la Defensa Popular de la Economía.
Cuando inicialmente el Jefe del Estado anunció la creación de este organismo, fue recibido con cierta inquietud en el ámbito empresarial; sin embargo, Fedecámaras recibió la información descartando que fuese otro organismo para intensificar la represión contra el sector productivo, que las inspecciones en las empresas que anunciaban de entrada, sus nuevas autoridades, les permitieran conocer las realidades de las empresas.
En efecto, confiaban que pudiesen observar como la mayoría de las empresas del sector manufacturero, están operando a un 40% de su capacidad instalada; que ausentismo laboral en promedio oscila entre un 20% y 30%; que los inventarios en las industrias en muchos casos están por debajo de un 15%; que las demoras en la aprobación y liquidación de las divisas, en la mayoría de los casos supera los 120 días; que la mayoría de las empresas debe pagar alrededor del 60% de sus ingresos en tributos de distinta índole al Estado y que la caída en la producción, debido a los constinuos apagones del servicio eléctrico superan el 20%, con pérdidas de insumos y materias primas que representan montos millonarios.
Sin embargo, luego de la primera semana, cuando aún ni siquiera estaba en vigencia el Decreto formalizando la creación del Organo Superior, ya se presentaba un balance de 1.200 fiscalizaciones a empresas, para enfrentar la “guerra económica que se viene impulsando desde la empresa privada”, comienzan a darse cuenta que su creación tiene objetivos claros y definidos, que tienen que ver con una mayor intervención del estamento militar en el cerco que siempre se ha tendido en contra de la empresa privada.
Basta solo con echar un vistazo a los considerandos del Decreto Presidencial N° 429, para ver con claridad lo que se persigue con este nuevo instrumento, tomando en consideración que es deber del Ejecutivo Nacional garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, y tomar las medidas tendientes a evitar las conductas irregulares en el abastecimiento y distribución de alimentos, con el consecuente obstáculo a las posibilidades de desarrollo integral de la población; asimismo que se deben adoptar medidas organizacionales necesarias para impulsar una estructura, en cuyo seno sea coordinado lo relativo a la producción, importación, comercialización y distribución de alimentos, materia prima y productos de primera necesidad, basándose en una planificación participativa y socialista de la economía.
Se pone en manos del Presidente del Órgano, fijar los lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de los procedimientos, especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de alimentos, materias primas y artículos de primera necesidad, que deben seguir los órganos del Estado involucrados, garantizando la seguridad y soberabía alimentaria.
Coordinará con el Indepabis y la Sundecop, entre otros, para llevar a cabo los procedimientos tendentes a la aplicación de medidas de suspensión, comiso, requisición u ocupación temporal, cierre de empresas y centros de ventas, suspensión de las licencias, permisos o autorizaciones, que en definitiva impidan la vulneración de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos y garanticen el bienestar colectivo de manera efectiva, oportuna e inmediata.
Llama la atención, que además de la discrecionalidad del Órgano, en los cuatro equipos de trabajo que o integran forman parte de ellos las milicias, la GNB, comandantes de las Zonas de Defensa Integral, Indepabis y Sundecop.
No es saboteo, es ineficiencia
Una Mesa de Análisis en torno a la crisis del Sistema Eléctrico Nacional, realizó el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad), con la participación de un grupo de reputados ingenieros eléctricos, quienes con cifras y estudios en mano, dejaron claramente en evidencia que no ha habido “saboteo”, la responsabilidad principal de este problema tiene que ver con la falta de inversiones suficientes y oportunas en el sector, pero lo más grave con una total ineficiencia de quienes han estado manejando el problema en los últimos 15 años.
Allí estuvieron presentes miembros del Grupo Ricardo Zuloaga, quienes admiten ser incómodos para las actuales autoridades eléctricas, porque han estado informando al país las verdaderas causas de la crisis energética nacional, es decir no solamente lo relativo a la electricidad, sino también todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos.
Los expertos aseguran que no están inventando nada, sus fuentes son del dominio público: los informes de Corpoelec, las Memorias y Cuentas de los Ministerios para la Electricidad y de Minería y Petróleo, publicaciones históricas relacionadas, las redes sociales, lo publicado en los medios nacionales e internacionales y las innumerables declaraciones de las autoridades gubernamentales.
Advierte el GRZ que “como la población sufre todos los días la calamidad que representa la falta de luz, y nuestros análisis y opiniones han contribuido a desmontar el engaño mediato, el gobierno ha convertido el sabotaje en su excusa favorita”.
Foto: Archivo
