La situación actual del sector construcción involucra diferentes áreas, entre ellas la escasez de materiales, como el cemento gris, la cabilla, la malla y materiales de tubería.
Así lo indicó ayer el presidente de la Cámara de Construcción del Estado Lara, Francisco Mendoza, durante su visita ayer a la sede del diario EL IMPULSO. “También figura la asignación de divisas a través de Cadivi”, dijo, añadiendo que este factor se refleja mayormente en la dificultad para adquirir repuestos, equipamiento de ascensores, pigmentaciones para pinturas y componentes de cables eléctricos, entre otros insumos.
“Asimismo, no se ha abordado de manera coherente el problema de la permisología, pues se tarda entre 16 y 18 meses para acometer un proyecto habitacional o cualquier otro tipo de desarrollo de construcción, debido a una gran cantidad de trabas burocráticas que se presentan a nivel de Concejo Municipal, Hidrolara, Saatel, Pdvsa, Ministerio del Ambiente, es decir, todos los organismos relacionados con el sector construcción”, señaló el vocero, explicando que la primera instancia en este proceso de la alcaldía del municipio correspondiente.
“Allí es primero necesario establecer las variables urbanas, es decir, las condiciones iniciales para producir el proyecto de construcción”, precisó, aclarando que esto da lugar a un anteproyecto, que una vez aprobado requiere la solicitud, ante el Ministerio de Sanidad y Desarrollo Social, de la dotación. Después, en Hidrolara, debe obtenerse la garantía de servicio. Luego debe recurrirse al Ministerio del Ambiente por ocupación de territorio, al igual que a Enelbar y al Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana, así como a Pdvsa para asegurarse de que ningún gasoducto o instalación petrolera pasa por el terreno de construcción.
Además, hay que contar con una inscripción en el Ministerio de Vivienda y Hábitat. “Luego es necesario volver a pasar por la alcaldía para presentar el proyecto definitivo. En otras palabras, deben darse al menos 14 pasos antes de comenzar el proyecto habitacional”, acotó, indicando que gran parte de ese periodo de 16 a 18 meses se debe a un gran problema de discrecionalidad.
En este sentido, Mendoza informó que la Cámara de la Construcción se ha acercado a uno de los candidatos a la Alcaldía de Iribarren, a quien se le presentaron una serie de documentos que podrían convertirse en propuestas de políticas públicas, entre la cuales está producir una mesa técnica de permisología, a fin de que el consultor del proyecto presente en una sola sesión a todas las instancias del gobierno regional, bajo una reglamentación, su proyecto de construcción.
“En esa mesa los representantes de los organismos del gobierno regional tendrán un tiempo determinado para dar respuesta a la propuesta de proyecto, tras lo cual el constructor puede regresar para recibir todas las observaciones, y luego cuenta con un plazo específico para satisfacerlas y presentar nuevamente el proyecto arreglado. De allí ya no puede salir otra cosa que lo que han estipulado tres o dos mes antes o incluso 10 días atrás”, aseveró, destacando que este tipo de iniciativas se ha llevado a cabo con éxito en países como Costa Rica y Panamá, mientras que en el caso de Venezuela ya se ha aplicado en el municipio Chacao del Distrito Capital.
“Con esto se evitaría la discrecionalidad de los funcionarios y la posibilidad de matraqueo. Pero sobre todo, se establece un tiempo finito para que el constructor pueda empezar hacer su proyecto. Sin embargo se requiere voluntad política y técnica para lograrlo”, indicó, enfatizando que desde hace mucho la Cámara de Comercio viene proponiendo esto en el estado Lara.
Falta de financiamiento
“A este hecho se le debe sumar la falta de financiamiento. Durante el último trimestre de este año, son muy pocos los casos de créditos aprobados para proyectos habitacional. Sólo se ejecutan los proyectos del año 2012, al menos en le sector privado. Entre 1.400 y 1.500 soluciones habitacionales se estarían viendo afectadas”, comentó Mendoza, añadiendo que a este número se le deben agregar los proyectos relativos a la construcción de oficinas, locales comerciales, hoteles, posadas y clínicas, entre otros, así como las reparaciones a los proyectos que ya han sido concluidos.
Invasiones persisten
“La problemática de las invasiones es un mal que persiste aunque está penado por la ley. Lamentablemente las autoridades nacionales no han mostrado la voluntad para ponerle coto a este problema”. Consultado sobre estadísticas de proyectos inmobiliarios afectados por invasiones, Mendoza señaló que hasta diciembre de 2011 la Cámara de la Construcción contó con información fidedigna del Banco Central de Venezuela sobre esta situación. “Todo lo que pudiéramos decir sobre esta situación estaba sustentado en esas estadísticas, pero por circunstancias que aún desconocemos, desde el 2011 el BCV no ha vuelto a facilitar datos al sector de la construcción”, dijo.
Regulación de precios
Otro problema que enfrenta el sector Construcción, es el alza de los precios de los materiales a pesar del decreto presidencial de regular las cifras a las cuales se venden. “Según la Gaceta Oficial Nº 38.577 del 1 de enero de 2008, que no ha sido modificada en 7 años, y en la cual se establece la regulación del precio de venta de una serie de materiales.
Por ejemplo, el saco de 42,5 kilos de cemento gris, regulado con IVA, está a 26,50 bolívares. Sin embargo, no se consigue a menos de 140 bolívares. Además, el kilo de cabilla de 3 octavos se vende a 18,90 bolívares, aunque está regulado a 3,40, mientras que la cabilla de media está regulada en 2,95 bolívares, pero no se consigue por menos de 22,50. Ante estás diferencias de precios en los materiales de construcción, cabe preguntarse ¿Cómo hacer para construir y vender para obtener una ganancia normal? La respuesta es imposible, porque en primer lugar, los materiales no se consiguen, y si se consiguen, uno los compra al precio que estén”, expresó.
Contratación colectiva
En junio de 2011 debió ser nombrada la comisión que se encargaría de su estudio, pero no fue hasta el 17 de mayo de 2013 que se nombró. “Es decir, tiene un año y cinco meses de atraso. Debido a esto, el sector laboral ha reclamado con mucha insistencia”, puntualizó, acotando que para su aprobación, el contrato colectivo deber ser sometido a la evaluación por todas las partes involucradas, para que luego sea homologado, y es entonces cuando se hace oficial.
“No se han dado estos últimos dos pasos. Por estar razón, sólo hay unas cláusulas aprobadas, mas no el contrato colectivo. El problema de esto es que el sector privado está cancelando sueldos con base en las cláusulas aprobadas, lo que significa un incremento de 30% en la mano de obra. Sin embargo, cuando se efectúan las valuaciones de proyectos de organismos públicos, no se puede pagar ese incremento, pues es necesario trabajar con el tabulador viejo del año 2012.
Traslado de costos aumenta precios artificialmente
Mendoza destacó que no se puede hablar de paralización de obras de construcción como tal, pues si bien el promotor o constructor es afectado por la no obtención de un material, termina por comprarlo donde lo pueda conseguir, al precio que le toque pagar. “Así, compra los sacos de cemento a 140 bolívares sabiendo que ese no es el precio. Pero como nadie trabaja para perder, ese sobreprecio del insumo es trasladado al costo del proyecto, el cual se incrementa de forma artificial, lo que trae como consecuencia especulación. Es difícil tener una estadística de este tipo de actuación”, expresó, destacando el caso de los consejos comunales, donde, sin efectuarse grandes proyectos de construcción, el cupo que les asigna Venezolana de Cemento desaparece, perturbando el precio de este material.
