Caracas, 4 de octubre.- El Ministerio Público acusó a un detective del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dos supuestas damas de compañía, un taxista y un joven, por su presunta vinculación con el robo y posterior muerte de Nelson David Silva (50), visitador médico que fue hallado con un disparo en la cara, la mañana del 3 de agosto en la Circunvalación Norte, Barquisimeto, estado Lara.
En el escrito, la fiscal 4° de esa jurisdicción, Yaritza Berríos, acusó al detective Héctor Lameda, por presuntamente ser cómplice necesario en el delito de robo agravado. También fueron acusados Mariela Pinto (22), Carla Yánez (20), el taxista José Gómez (44) y Pedro Rodríguez (21), por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad, robo agravado de vehículo automotor y asociación para delinquir. El escrito fue presentado ante el Tribunal 2° de Control de Lara, instancia a la cual la fiscal del Ministerio Público solicitó la admisión de la acusación, el enjuiciamiento de las cinco personas y que se mantenga la privativa de libertad.
El detective se encuentra privado de libertad en la sede de la Subdelegación del Cicpc de Lara, mientras que el resto de las personas están en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito. A través de la investigación se determinó que el visitador médico llegó a Barquisimeto proveniente de Maracay el 1° de agosto de este año, día en que recorrió con las dos jóvenes varios centros nocturnos. Cuando se encontraban en una discoteca, las dos mujeres habrían llamado a Pedro Rodríguez, quien llegó al local con el taxista y otras dos personas que aún no han sido identificadas.
El grupo de personas sometió a Nelson Silva y lo condujo hasta su camioneta, una Toyota, modelo Fortuner, donde fue despojado de todas sus pertenencias y trasladado hasta la Circunvalación Norte, en la periferia de Barquisimeto, donde le dispararon y lo dejaron abandonado sin vida.
La camioneta fue localizada por medio del rastreo satelital en una granja ubicada en El Cují, a las afueras de Barquisimeto, en la finca propiedad del detective del Cicpc, quien tenía seis meses suspendido de sus labores por una investigación abierta en su contra por la presunta comisión del delito de concusión.
