La lluvia no hizo mella en los reclamos de los educadores adscritos a Fundaescolar. Acompañados por la Coalición Sindical de los trabajadores de la educación, se concentraron en las inmediaciones de la instancia estadal, ubicada en la Zona Industrial I de Barquisimeto, a fin de exigir diversas reivindicaciones, entre las que destaca percibir los mismos beneficios que los docentes titulares, contemplados en la Convención Colectiva.
Mientras el grupo de trabajadores aguardaba afuera del recinto, una comisión de la representación sindical ingresó a las oficinas, a fin de consignar un documento que recoge sus peticiones. La directiva de la fundación dispuso la colocación de una carpa, donde los manifestantes pudiesen guarecerse de la lluvia.
La presidenta de Fundaescolar, Aura Guédez, salió al paso de la manifestación. Bajo la carpa, presentó una cronología detallada de las solicitudes realizadas por la Gobernación del estado Lara a la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio de Finanzas, de los recursos necesarios para cancelar las obligaciones que el organismo mantiene con sus trabajadores.
La situación se tornó acalorada cuando los docentes comenzaron a exigir, mediante consignas, la titularidad en sus cargos “ofrecida por Henri Falcón” según manifestaban los docentes. Ante el planteamiento, Guédez alegó que lo ofrecido por el gobernador en esa ocasión fue el contrato indeterminado.
“Hasta que el Gobierno nacional no nos baje los recursos, nosotros no podemos cumplir con sus solicitudes. Les propongo que nos vayamos todos a Caracas a exigir ese dinero”, sugirió la funcionaria, lo cual caldeó aún más los ánimos en la masa docente, quienes respondieron con la consigna “nos vamos a paro”.
En representación de la Coalición Sindical, Hilda Peña tomó la palabra para expresar que “las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica del Trabajo, establecen que en los mismos beneficios que tienen los docentes titulares deben ser incorporados los contratados”.
Manifestó que “no entendemos por qué nos dicen que debemos ir a Caracas, cuando los recursos los recibe el gobernador religiosamente mes a mes como parte del presupuesto ordinario de este estado, que asciende a casi tres millardos de bolívares por situado constitucional”.
Asimismo, hizo fuertes denuncias de acoso laboral hacia los trabajadores, por parte de funcionarios de la Dirección de Educación.
Orlando Herrera, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Lara (Sumalara), señaló que “es ilegal que a los colegas de Fundaescolar se les diga que no se pueden sindicalizar, cuando la Ley establece que sí gozan de ese derecho”.
“Nosostros hemos defendido en la Inspectoría del Trabajo a docentes adscritos a este organismo que han sido víctimas de amedrentamiento y humillaciones”, denunció.
Entre las peticiones formuladas por Herrera a la presidenta de Fundaescolar, figuran el reconocimiento del bono rural de 50%, el reposo pre y post natal, la antigüedad, los estudios de postgrado y las primas familiares, “no porque yo lo diga, sino porque así lo establece la Ley”.
Ante los planteamientos de la Coalición Sindical, la presidenta de Fundaescolar reiteró su explicación del panorama presupuestario, que impide el cumplimiento de las exigencias de los trabajadores hasta tanto no se reciban los recursos solicitados al Gobierno central.
Sumarán esfuerzos con los nacionales
Hilda Peña informó que el próximo martes, los docentes nacionales y estadales marcharán juntos desde la Casa del Educador.
Sin acuerdos
Hilda Peña informó que, luego de la manifestación de Fundaescolar, una representación de la Coalición Sindical sostuvo una reunión con el director de Presupuesto de la Gobernación de Lara, Erick Valles, a objeto de tratar lo relacionado al cumplimiento de la séptima cláusula de la VI Convención Colectiva, referente a los compromisos salariales.
La dirigente sindical manifestó que no se alcanzó ningún acuerdo. “Ahora esperaremos que la Inspectoría del Trabajo se pronuncie al respecto”, señaló.
Para el miércoles a las nueve de la mañana se tiene prevista una reunión entre la Comisión Mixta del CLEL que estudia el caso, representantes de la Coalición Sindical y el Ejecutivo estadal.
