La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declare ha lugar la existencia de mérito para enjuiciar a la diputada a la Asamblea Nacional María Mercedes Aranguren, disidente de las filas del PSUV.
En su visita a la máxima sede, aseguró que el Ministerio Público tiene razones para presumir que la parlamentaria podría estar incursa en los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir, presuntamente cometidos a través de una empresa «de maletín», en complicidad con el ex gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño.
«La empresa que fue constituida por el ex gobernador José Gregorio Briceño se llamaba Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A, y tenía la finalidad de administrar y garantizar el mantenimiento del Estadio Monumental de Maturín, siendo su presidenta la diputada», explicó la fiscal.
El primer hecho irregular que rodea a la administradora señala que aunque sus estatutos declararon una vida de 50 años, sólo funcionó por ocho y luego fue liquidada mediante un decreto del entonces mandatario regional. «Esta es una empresa de maletín, por lo cual presumimos fue creada para cometer irregularidades en detrimento del patrimonio público», subrayó Ortega.
Presunta corrupción
Otros indicios, sobre los cuales la titular de la vindicta pública ha pedido permiso para profundizar, señalan que la cuestionada empresa «hizo contratos en dólares con entes extranjeros sin autorización del Estado, por montos de 4 millones 800, 3 millones y 380 mil dólares, entre otros. El capital era de 10 mil bolívares, pero aún así firmó contrato por esos montos excediéndose su capacidad. Todo ello ocurrió bajo la administración de la diputada», dijo.
Por otro lado, la fiscal general indicó que para honrar dichos compromisos, en su mayoría derivados de la contratación de artistas para espectáculos en el estadio de Maturín, Briceño hizo transferencias «sin la debida autorización prevista en la ley para montos no presupuestados». La diputada habría cancelado con dólares obtenidos en casas de cambio, al margen del proceso oficial de Cadivi, donde no está inscrita la Administradora.
«Los dólares los compró por un precio mayor a la divisa oficial para ese momento, por lo que el Estado tuvo una pérdida de 5 millones, solamente en esas negociaciones a través de las casas de bolsa (…) Esta empresa fue manejada como si fuera una empresa privada y no del Estado, como era su verdadera naturaleza», destacó Ortega, entre otras irregularidades.
Así mismo, de acuerdo con la fiscal, otro dato que llamó la atención de los fiscales investigadores fue la discrepancia entre nombre y número de cédula del titular de una de las empresas nacionales con la que la Administradora Inmobiliaria contrajo compromisos. «Cuando revisamos, la cédula pertenece a una persona distinta; nos hace presumir que hubo una acción fraudulenta contra el Estado venezolano».
Por otro lado, la supuesta empresa de maletín no declaró impuesto sobre la renta, ni impuestos municipales, ni presentó balances u otra información sobre estados financieros o ganancias en taquilla de los espectáculos presentados.
Ahora es necesario esperar que la Sala Plena del TSJ emita una respuesta a la solicitud del Ministerio Público, para determinar si se puede continuar la averiguación ordinaria que, confesó la fiscal general, ya inició contra la diputada nacional.
Suplente no aparece
La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Monagas, María Mercedes Aranguren, reaccionó ante la solicitud de la fiscal.
La parlamentaria señaló que se enteró de la medida a través de los medios de comunicación. Repudió las declaraciones de la fiscal, quien asegura tener cuatro denuncias en su contra desde el año 2008. «Es una exageración, ni siquiera es una presunción», dijo.
La semana pasada, la diputada había denunciado la intención del PSUV de «comprar» a su diputado suplente, para alcanzar los 99 votos necesarios para aprobar la Ley Habilitante que solicitará el Presidente de la República.
Aranguren señaló que su suplente no aparece desde hace 10 días. «Está silenciado o autosilenciado a juro».
Paz y miedo
Al ser cuestionada sobre la orden dada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que «se castigue» a los medios que supuestamente promueven una «guerra psicológica», la fiscal general de la República no precisó si su despacho ejercerá alguna acción penal.
Pero sí «hago un llamado a los distintos medios de comunicación, a ustedes como periodistas, para que no incentiven ese miedo que se ha venido generando a través de algunos medios de comunicación», expresó.
«Creo que el llamado debería ser a la paz, a la concordia, al acercamiento y a la tolerancia”, dijo
