El Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de nulidad interpuesta por los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), contra el Decreto Presidencial del 24 de abril de 2013, que ordenó la intervención de la empresa estatal.
De esta manera el recurso pasará al trámite de la Sala Político-Administrativa, que considerará los argumentos de fondo esgrimidos por los demandantes, para afirmar que el decreto viola principios constitucionales y tratados internacionales suscritos por la República.
Las disposiciones cuestionadas establecen la facultad de la Junta Interventora, dirigida por el vicepresidente, Jorge Arreaza, para rescindir o resolver contratos «civiles, financieros, laborales, de servicio… cuando sean de interés para los entes intervenidos». Así mismo, para administrar y ejecutar la gestión de recursos humanos, incluso de pensionados y jubilados, «fijando sus remuneraciones» de manera arbitraria.
Otras de las cláusulas impugnadas le permiten al Ejecutivo disponer de todos los trabajadores de la estatal eléctrica sin ningún otro control que «el interés de la empresa».
