Este Gobierno marcha en dirección hacia un sistema totalitario y ha encontrado mecanismos que, aparentemente, no son tan brutales, pero no le entorpecen el camino, declaró el abogado Macario González, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática en Lara.
No expropian a los medios; pero, los compran a través de interpuestas personas, en unos casos, expuso. Y en otros, no otorgan a tiempo las divisas para la importación de la materia prima que requieren los impresos.
No se trataría de medidas salvajes, pero al final persiguen los mismos resultados como es acallar la crítica de la disidencia.
Claro está que en los medios impresos hay una deliberada intención de llevarlos a reducir sus tirajes, achicarles los cuerpos y, por supuesto, negarles publicidad oficial para irlos cercando.
Este es un Gobierno que nunca ocultó su intención propagandística y elaboró el programa de la hegemonía comunicacional, la cual ya está montada en todo el país, incluso en los rincones más lejanos del territorio nacional.
Hoy tienen bajo su control, según las cifras dadas por el oficialismo, 700 emisoras comunitarias y siete plantas televisoras, además de algunos medios impresos, que ellos califican de periodismo alternativo pero, evidentemente, no tienen la cobertura de los diarios independientes.
Todas esas emisoras, plantas de televisión y periódicos son financiados con dinero del Estado; pero, son los medios de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que es la maquinaria que quiere arrinconar a toda la población y someterla a un pensamiento único.
En momentos en que el país atraviesa sus mayores dificultades por una crisis económica y social, donde todo lo que estamos consumiendo es importado y no se cuenta con la cantidad de divisas que se requiere, al Gobierno le molesta que se informe sobre esos problemas y amenaza con tomar medidas represivas.
De igual forma se molesta cuando los medios independientes dan cuenta de las protestas que se realizan todos los días, en todas partes, por los malos servicios y el incumplimiento de promesas.
Es por ello que la denuncia hecha por el presidente de la C. A. EL IMPULSO, sobre las trabas para la obtención de divisas para comprar papel y otros insumos para este diario, refleja parte de esa política de intimidación, chantaje y silenciamiento que está llevando a cabo el Gobierno contra los medios, para tratar de que se subordinen a sus dictados.
Creemos que al final no podrán silenciar a la disidencia.
