A juicio del cronista parroquial de Agua Viva, José Luis Sotillo, existen elementos importantísimos que la gestión del alcalde Richard Coroba, no ha tomado en cuenta en lo referente al patrimonio histórico y cultural del municipio Palavecino, pese a la existencia de un compendio de leyes nacionales y locales que rigen y amparan estos bienes.
En el año 2003 se inició una ardua tarea para registrar el patrimonio cultural venezolano que posteriormente fue registrado en el catálogo del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, ente que los catalogó como Bien de Interés Cultural, según Resolución Nº 003-05 de fecha 20 de febrero de 2005, en cumplimiento del artículo 178 de la Constitución de la República y los artículos 24, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 41 y 43 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural y su Reglamento, el cual ordena a la autoridad municipal establecer las medidas necesarias para la protección y permanencia de los bienes contenidos en el catálogo.
Se violenta la ley
A pesar del titánico esfuerzo efectuado por los empadronadores que registraron los patrimonios en el catálogo, Sotillo, dijo que hasta el presente no se ha levantado el catastro patrimonial del municipio Palavecino.
Según su opinión, es bastante grave que las autoridades municipales hayan soslayado esta importante acción, toda vez se violenta el artículo 33 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural Venezolano y su Reglamento.
Para poder realizar el catastro, debe existir voluntad política y la articulación de políticas conjuntamente con el IPC.
Deterioro progresivo
El cronista de Agua Viva señaló que se evidencia el deterioro continuo y progresivo de las edificaciones registradas por el IPC.
Además de ello, prosiguió Sotillo, nos preocupa que el alcalde Coroba, como principal vocero del Plan de Desarrollo Urbano Local de Palavecino, PDUL, no se haya reunido con el IPC y los cronistas, para contemplar en la planificación el rescate, protección y defensa de nuestro patrimonio.
Dejó entrever que el proceso de consulta se llevó a cabo sin la participación importantísima del IPC.
Detalló que la parroquia Cabudare exhibe un elevado número de edificaciones patrimoniales, todas en franco deterioro y a la deriva sin doliente alguno.
El proceso sin consulta del IPC violenta el artículo 34 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural Venezolano y su Reglamento.
Urge que las autoridades a ser electas en el venidero proceso electoral, efectúen un proceso de revisión exhaustiva en mancomunado esfuerzo con el IPC y los cronistas, además de dar inicio al proceso de levantamiento catastral mencionado.
Programa de identificación
Alertó el cronista parroquial, que es imperante que las autoridades municipales, deben comenzar un programa para instalar vallas y anuncios identificativos de las edificaciones patrimoniales, incluyendo a los caseríos que igualmente fueron cuantificados, por su naturaleza histórica, en el catálogo del IPC.
Anotó que el caso de Agua Viva y Cabudare, destacan los caseríos Las Cuibitas, El Peñusco, Terepaima, y en Cabudare, el caserío Tarabana.
Todos estos caseríos se encuentran abandonados, en donde urge el desarrollo de políticas cónsonas con la ley nacional que les permita, ser identificados, reconocidos, además de su armónico desarrollo turístico sin reñir con el hecho histórico patrimonial.
