La garantía de un sistema de justicia que funcione de manera eficiente, a los fines de servir en el tiempo justo a los ciudadanos y evitas los retrasos judiciales y la crisis a la cual esta situación conlleva, todas las instituciones del Poder Judicial deben funcionar de manera independiente y sin estar afectadas por alguna influencia de carácter político.
Esta fue una de las conclusiones a las cuales llegó el abogado Alejandro Salinas Rivera, representante de la Comisión Internacional de Juristas, quien participó este jueves en una serie de conferencias en el Colegio de Abogados de Barquisimeto, donde se planteó el rol de los fiscales como principales promotores de los estándares para el cumplimiento de los derechos humanos.
La comisión, que funciona como una organización no gubernamental promotora del Estado de Derecho, ha observado las fuertes críticas que reciben los representantes del Ministerio Público en Venezuela, ya sea por la falta de compromiso con el cumplimiento de la norma jurídica, o problemas fundamentales de gestión.
“En el sistema de justicia, fundamentalmente, participan varios actores, y todos tienen que estar íntimamente coordinados, y con cooperación interinstitucional. No ganamos nada con tener un Poder Judicial que funcione bien, si acaso el Ministerio Público no funciona bien, o las policías no hacen su trabajo, o los tribunales andan lentos, o hay faltas de recursos materiales. Es decir, todo tiene que funcionar bien”, dijo Salinas.
No obstante, el diagnóstico no sólo se circunscribe a Venezuela sino que abarca a todo el continente, donde el funcionario observa que no se produce una mirada sistémica del problema, ya que cada uno de los actores en los sistemas de justicia apunta a su propia línea, sin tener la capacidad de “mirar el sistema como un todo”. La responsabilidad de esta mirada general la deja en los gobiernos, donde se deben dar los recursos para que el sistema de justicia funcione de la mejor manera.
“Si el Gobierno no colabora en esa línea. No entrega las pautas ni los recursos, las cosas no van a funcionar. Y, lamentablemente, si el gobierno tiene una mirada ideológica respecto al sistema de justicia, la situación puede ser mucho peor”, explicó.
La solución es con votos
Por su parte Jorge Rossell, expresidente del Colegio de Abogados, señaló que las principales críticas expuesta durante la actividad se dirigieron a la subordinación del Ministerio Público a las líneas políticas generadas desde el Gobierno nacional, que lo convierten en un organismo secuestrado por la militancia de un partido político.
“El órgano judicial no debe recibir lineamientos de ningún sector de poder en el país, tanto político como económico, pero esto lamentablemente se perdió en Venezuela”, comentó.
Otro de los temas tratados fue la autonomía en la actuación de los jueces, quienes entre sus tareas tienen la búsqueda de la verdad y la justicia, la primera en el sentido de tomar decisiones en función de las pruebas debidamente presentadas, y la otra en torno a la búsqueda de la normativa adecuada para hacer una justicia más cónsona con el sentido social de la misión.
Para el jurista, la salida a la situación crítica del sistema de justicia, dada la posición presentada por el Ejecutivo nacional, es posible a través de la participación electoral.
“La única manera de que el Poder Judicial vuelva a ser independiente es salir de este régimen autoritario. Si continuamos en esta situación, será imposible llegar a una solución. La característica de este régimen es que ha copado todas las instancias de poder, tanto la legislativa, como la judicial e indiscutiblemente la ejecutiva”, expuso.
La actividad contó con la participación de la exjueza María Lourdes Afiuni, quien actualmente se encuentra en juicio por un caso por el cual se le ha catalogado como víctima de una persecución política, impulsada por las acusaciones del Gobierno nacional en su contra.
Cabe destacar que debido a su situación, no puede declarar a los medios de comunicación.
La cárcel no es solución
Aunque no descarta las condiciones físicas de los centros penitenciarios del país como responsabilidad del hacinamiento, Salinas también considera la aplicación de la encarcelación como medida en los procesos judiciales.
“La prisión preventiva debería ser excepcional, o excepcionalísima, porque cuando las personas pierden la libertad es porque hay una sanción judicial, una sentencia que sanciona afectando un derecho fundamental como la libertad”, aseguró.
La mirada general que el especialista propone, también pudiera contribuir a la recuperación de las cárceles, que lamentablemente en la actualidad reflejan una enfermedad que afecta a todo el sistema de justicia.
