La posición del movimiento empresarial venezolano en pleno, ante el anuncio del Gobierno de crear un Órgano Superior de Defensa Social para la Economía, que al parecer no es otra cosa que un nuevo instrumento de persecución y control contra la empresa privada, al señalar directamente al Ejecutivo Nacional como el principal responsable del enorme desabastecimiento que hay en el país y de los altos índices de inflación, debido a las “erradas políticas económicas que ha venido aplicando”.
En efecto, el último directorio del organismo empresarial, en el cual participan los presidentes de gremios sectoriales y de las Fedecámaras estadales, dedicó el pasado lunes la mayor parte del tiempo, a evaluar los alcances de las últimas disposiciones anunciadas por los más prominentes voceros oficiales, incluyendo al Jefe del Estado, quien sigue insistiendo en la especulación y el acaparamiento, queriendo taparse los ojos ante una realidad que están viviendo todos los venezolanos, incluyendo los seguidores del proceso revolucionario, que no puede ser desvirtuada.
Cómo se puede negar que entre agosto del año pasado y agosto de 2013, el costo de los alimentos creció en un 75,2%, es decir en un año la familia hoy tiene que pagar 2 mil 922,61 más que año pasado; cómo se puede desvirtuar que el costo de los alimentos en agosto se elevó a 6.810,49 y la Canasta Básica Familiar para el mismo mes se montó por encima de los 12.722,60 bolívares, constituyendo un verdadero reto para cualquier familia venezolana el poder sobrevivir con estos precios.
Debería hacer un ejercicio el Instituto Nacional de Estadísticas y determinar cuántas familias tienen los ingresos suficientes para acceder a una canasta básica de esta magnitud, cuando se requieren más de cuatro salarios mínimos para poder sufragarla.
Por estas realidades que a diario viven los consumidores en el país, es que pierden el tiempo y el dinero el alto gobierno, en campañas para hacer creer que son los empresarios los responsables del encarecimiento del costo de la vida, de que el desabastecimiento en la capital esté en el orden del 20%, pero en el interior del país supera el 30% y que en estos momentos la inflación anualizada esté montada por encima del 42% y en el renglón de alimentos esté alrededor del 60%.
Se sigue requiriendo del aparato productivo privado, un aumento en la producción para atender la creciente demanda interna, pero en los últimos cuatro meses Cadivi no les ha entregado las divisas que requieren para importar los insumos y las materias primas, montándose la deuda con los proveedores por encima de los US$ 12.000 millones, lo que ha generado que los inventarios estén prácticamente agotados y que el suministro de muchos productos para navidad va a estar muy comprometido, ya que aun cuando les aprobaran en este momento las divisas, ya no queda ni tiempo ni espacio para maniobrar, por lo que se avizora que el desabastecimiento continuará.
Por otra parte, dentro de las políticas erradas del Gobierno, es de resaltar que mientras los agricultores e industriales venezolanos pasan peripecias para obtener las divisas, en lugar de estimular la producción nacional, anuncia la adquisición de US$ 600 millones en productos desde Colombia, decisión que ha sido una nueva bofetada para la empresa privada nacional, luego de la luna de miel de los meses de marzo y abril.
Insisten los empresarios en la despenalización del régimen cambiario, en la revisión de la inamovilidad laboral, pero lo fundamental, en el rescate de la confianza, ya que mientras no exista, será muy difícil que fluyan las inversiones nacionales y mucho menos las extranjera, así que lo que se avizora para este tercer trimestre es como para preocuparse.
Restricciones económicas
Por otra parte, el último Informe Anual de Restricciones Económicas en el Mundo, viene a ratificar lo señalado por la empresa privada nacional, cuando ubica a Venezuela en el último lugar como uno de los países con menos libertades económicas en el mundo y también en el ámbito de América Latina.
Por supuesto esta calificación no tiene nada que ver con los aspectos políticos que vive el país, pero sí con las decisiones que se adoptan y que limitan las actividades de la empresa privada y su libre desenvolvimiento, obstaculizando de este manera su desarrollo.
En la construcción del Índice se utilizan 42 parámetros que miden la libertad económica: Los fundamentos de la libertad económica son: libertad de elegir, intercambio voluntario, libertad para competir, seguridad y protección a los derechos de propiedad privada.
El Índice se divide en cinco grandes áreas: (1) Tamaño del gobierno: gasto público, transferencias y subsidios, empresas e inversiones públicas; (2) Estructura jurídica y garantía del derecho a la propiedad privada; independencia judicial, imparcialidad de los tribunales, cumplimiento de los contratos y restricciones regulatorias a la venta de inmueble; (3) Acceso a una manera dura: inflación, libertad para mantener cuentas bancarias en divisas; (4) Libre comercio: barreras regulatorias al comercio internacional, tamaño del sector comercial, tipo de cambio y controles de mercados de capitales y (5) la Regulación del mercado de crédito, regulación del mercado laboral y la regulación de la actividad empresarial.
Al revisar las actuaciones del Gobierno en cada una de estas variables, el puntaje para Venezuela fue de 3,93 de 10 puntos, lo que ubica a la Nación en el puesto 152, porque no hay otro peor.
