El traslado de 284 mujeres de la cárcel de Sabaneta, de Maracaibo, a Uribana, no constituye la solución de hacinamiento, violencia y mayor delincuencia que impera en aquel penal, declaró el Dr. Rafael Narváez, ex diputado de la Asamblea Nacional, quien tiene casi 30 años luchando por los Derechos Humanos y conoce el problema penitenciario del país.
Traer a ese número de personas, vestirlas de fuscia y meterlas en El Galpón, donde antes estaban recluidos los funcionarios policiales señalados de haber cometido delitos, no tiene ningún sentido, agregó. Porque lo grave del caso es que la ministra Iris Valera, durante el tiempo que tiene a su cargo el Ministerio que le crearon, no ha tenido hasta ahora ningún resultado positivo.
Lo que ha traído Valera son reyertas, huelgas de hambre, masacres y, para colmo de males, haber hecho trato con los pranes, con el supuesto propósito de que éstos ejerzan el control de los penales, dejando por fuera la función que debe cumplir el Estado venezolano.
Es por ello que el Estado desapareció de las cárceles y de las calles, porque en éstas como en las calles el control es ejercido por los delincuentes.
Los llamados pranes tienen el control de los penales porque de éstos están ausentes los jueces de ejecución, que deben considerar los casos de cada uno de los reclusos; los fiscales del Ministerio Público también no cumplen con su labor y, para colmo, la custodia que debe estar a cargo de efectivos de la Guardia Nacional está en entredicho.
Y es así porque las armas largas, como fusiles o ametralladoras, que existen en las cárceles no son introducidas por los familiares de los presos.
Nadie puede pasar dentro de sus ropas un arma de ese tipo, porque la requisa se impone sobre todos los visitantes a los penales.
Además, la entrada de las armas es un negocio que se viene realizando desde hace varios años ante la vista de las propias autoridades.
Esas armas provienen de las fuerzas armadas y, nos preguntamos, ¿quiénes son los que se apoderan de las mismas y las llevan a los pabellones de los reclusos? La interrogante amerita una respuesta por parte del Gobierno nacional.
Igualmente las granadas no son objeto de fabricación casera, sino que están en el arsenal de Cavim. Y nos volvemos a preguntar: ¿quiénes las llevan a las cárceles y se las entregan a los pranes?
Naturalmente, que el Gobierno es el responsable de que esas armas lleguen a los prisioneros y éstos estén bien armados.
El ministro de Relaciones Interiores se ha convertido en un lorito político.
¿Por qué no desarma las cárceles? ¿Por qué no va a Sabaneta, donde se han producido una veintena de muertes violentas, y les quita las armas a los pranes?
Al mismo tiempo, la ministro Valera es mediática y lo único que se le ocurre es culpar a los medios de comunicación de causar los problemas que ella no ha sabido resolver.
La situación carcelaria no se resuelve trasladando presos de una cárcel a otra, sino ejerciendo una verdadera política penitenciaria, que comience con la presencia del Estado en los penales y en las calles. Mientras eso no ocurra, el problema seguirá latente.
Cifras alarmantes
La situación carcelaria se resuelve: 1) cuando el Estado aparezca; 2) al momento en que el Ministerio Público y los jueces cumplan con las funciones que tienen asignadas; 3) la aplicación del Código Penitenciario, desconocido en este instante por la ministro Iris Valera, quien no tiene autoridad moral para convocar a los poderes públicos y a los especialistas en materia penal; y 4) hacer un balance de cada penal, acabando con los pranes, sus lugartenientes (los carros) y sus supervisores (los luceros).
Las cifras de la violencia y la delincuencia desenfrenada son alarmantes: 1.200 homicidios mensuales en el país, donde en estos momentos hay 350 personas sometidas por los secuestradores. Al día se producen 3 secuestros-express perpetrados por la delincuencia organizada, en la cual hay funcionarios activos y jubilados.
Existen 33 centros penales en Venezuela y en promedio perecen en estos recintos, 400 individuos al año.
El Estado, que está obligado a proteger la vida, ha permitido que se aplique la pena de muerte en los penales.
