La Comisión Internacional de Juristas, así como la organización Human Rights Watch hicieron un nuevo exhorto al Consejo de Derechos Humanos de la organización de las Naciones Unidas (ONU) para que abogue ante el gobierno venezolano por que se desechen los cargos penales contra la jueza María Lourdes Afiuni.
Así lo dio a conocer el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que hace un seguimiento al caso de la ex administradora de justicia acusada por ejecutar una orden del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU.
La petición se refirió en la presentación de un informe del secretario general sobre cooperación con las Naciones Unidas, que aborda las represalias que afectan a personas por su trabajo con órganos de la ONU.
Allí el secretario general del foro universal, Ban Ki-moon, hizo referencia expresa al caso de la juez Afiuni, «siendo la segunda vez que el máximo representante de la ONU se refiere al caso de la juez Afiuni en un informe ante el Consejo de Derechos Humanos», subrayó un comunicado del Centro de DDHH de la Ucab.
Ejecutivo presionó a la justicia
En la petición formulada en Ginebra, sede del Consejo, las organizaciones civiles le solicitaron que “exhorte a Venezuela a desestimar las acusaciones que fueron presentadas contra la jueza por el ejercicio legítimo de su función profesional”. Se basaron en los hechos que determinaron las circunstancias de la prisión de quien fuera jueza titular del Tribunal 31° de Control de Caracas.
«Afiuni fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por haber dispuesto la libertad condicional de Eligio Cedeño debido a que, entre otros motivos, el grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria había declarado la anormalidad de su detención. En declaraciones a la televisión nacional, el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías se refirió a la jueza como “bandida” y pidió que fuera condenada a 30 años de prisión, la máxima pena posible en Venezuela», relataron los defensores de DDHH.
Así mismo, sostuvieron que los cargos presentados por la Fiscalía tras la orden presidencial, corrupción, abuso de autoridad y favorecimiento para la evasión, no fueron respaldados por «evidencias creíbles». No obstante la jueza fue objeto de una privación cautelar de libertad, en medio de la cual fue víctima de violación sexual, amenazas y tortura psicológica mientras estuvo en prisión por más de un año.
Aunque en junio de este año recibió la libertad condicional, persiste las acusaciones contra ella que están siendo ventiladas en el marco de un lento juicio oral y público.
Por esta razón, los defensores de derechos humanos recordaron al Consejo «que los principios básicos de la ONU Relativos a la Independencia de la Judicatura prohíben las intromisiones indebidas o injustificadas en la función judicial, incluidas las represalias como las aplicadas contra la jueza Afiuni».
Finalmente, expresaron al órgano de la ONU: «Instamos al Consejo a que exhorte a Venezuela a desestimar las acusaciones que fueron presentadas contra la jueza por el ejercicio legítimo de su función profesional. Cualquier procedimiento judicial que se inicie en relación con su caso deberá respetar los estándares internacionales sobre el derecho a juicio justo, incluida la independencia e imparcialidad de los tribunales competentes, y garantizar la plena observancia del derecho de presunción de inocencia», expresa el comunicado.
