La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que se le dictó una medida de protección a una de las víctimas de los hechos ocurridos después de la elección presidencial del pasado 14 de abril, donde murieron nueve personas y otras 108 resultaron heridas.
Así lo expresó durante el programa “En Sintonía con el Ministerio Público” este jueves 19 de septiembre, en el cual manifestó que este trámite surgió a raíz de una denuncia que el afectado, Pedro Hernández, interpuso ante el Ministerio Público, pues ha recibido varias amenazas de muerte.
Ortega Díaz detalló que para esa oportunidad, un grupo de personas quemó el vehículo de Hernández, por simplemente cargar en el mismo un distintivo que lo identificaba como afecto al Gobierno nacional.
“Ayer le dictamos una medida de protección y vamos a buscar los responsables de esta amenaza. Este señor pudo haber muerto”, indicó.
Asimismo, hizo mención al recién inaugurado proyecto de Fiscalía Modelo (87º del área metropolitana de Caracas), la cual calificó de macro fiscalía, cuyo propósito es garantizar investigaciones apegadas a la ley.
Enfatizó que la nueva dependencia cuenta con un equipo de trabajo conformado por un fiscal principal, ocho fiscales auxiliares, cuatro abogados coordinadores, 16 asistentes instructores, cuatro expertos en criminalística y personal administrativo; para un total de 41 funcionarios.
Manifestó que personalmente hará seguimiento al desenvolvimiento de este despacho fiscal, pues quiere garantizar que se estén instruyendo las diligencias útiles, pertinentes y necesarias para la investigación.
“Quiero que los fiscales sean acuciosos, que escudriñen, porque el fin es la búsqueda de la verdad”, recalcó.
Dijo que los funcionarios de la nueva dependencia tienen amplia experiencia en investigaciones, por lo que auguró un rotundo éxito, al tiempo que anunció que serán capacitados en derecho penal para reforzar sus conocimientos.
La Fiscal General indicó que el Ministerio Público es una institución transformadora, de la cual se han generado políticas para atacar el retardo procesal, a fin de atender debidamente a la ciudadanía.
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