La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, indicó que en los próximos días el Ministerio Público llevará a cabo «imputaciones» de presuntos responsables por la agresión sufrida por el estudiante Ehisler Vásquez, durante las protestas contra un presunto fraude electoral ocurridas en Barquisimeto tras los comicios del 14 de abril.
«Sobre ese caso, ya casi listo tenemos las investigaciones sobre el joven que recibió un perdigón en la cara, y en los próximos días vamos a hacer unas imputaciones», señaló este miércoles al ser consultada sobre los avances de esta causa.
Cabe destacar, es la única por maltrato o exceso de efectivos militares contra civiles que manifestaban, que admitió el Ministerio Público de las 17 denuncias por agresión y torturas, con sus pruebas, que interpuso el Foro Penal ante la Fiscalía. En más de una oportunidad, la titular de la vindicta público desestimó las mismas al afirmar que «carecen de fundamento».
Castigo a los culpables
Lo que sí recibió el empeño de la fiscal general fue el castigo de quienes generaron hechos de violencia para «desestabilizar», y quienes cometieron hechos criminales presas del «odio» por haber perdido las elecciones presidenciales, según la explicación oficial.
En este sentido, Ortega Díaz presentó un balance de las acciones penales que viene ejerciendo de esta institución desde la mismo 14 de abril de 2013.
«Tenemos 38 personas privadas de libertad, (…) 242 personas con medidas cautelares de presentación y 37 con fianzas de caución personal», indicó la fiscal general de la República en rueda de prensa. De este lote de investigados, algunos continúan en fase preliminar, mientras ya 62 fueron objeto de una acusación formal en la que los fiscales solicitaron el pase a juicio, agregó Ortega.
La titular del MP no precisó en cuáles categorías penales se encausan estas acusaciones, pero se entiende que allí están incluidas tanto los capturados en protestas públicas como los presuntos responsables por los ocho homicidios en hechos aislados que tanto la Fiscalía como el resto de las instituciones públicas atribuyen a la oposición venezolana.
A los familiares de estas víctimas recibió en su despacho la alta funcionaria, a quienes prometió los esfuerzos de la institución para «hacer justicia».
«El MP esta empeñado en hacer justicia no sólo por todas las víctimas fallecidas y heridos sino también que va a proteger a las víctimas», dijo.
El balance ofrecido señala que cinco personas aún permanecen prófugas de la justicia, entre las que se encuentra uno de los presuntos responsables por la muerte de los niños Rey David Chacín y María Victoria Báez.
Por ello, hizo un llamado «a los cuerpos de seguridad del Estado a que materialicen estas órdenes de captura», y expresó su confianza en que «los tribunales tengan conciencia sobre los hechos ocurridos tras las elecciones del 14 de abril».
