El Congreso de Guatemala aprobó una ley que penalizará con penas de cárcel inconmutables de entre seis y 15 años el robo de teléfonos celulares, informó este miércoles una fuente legislativa.
La ley de Registro Móvil para la Prevención y el Combate del Delito, aprobada la noche del martes, además de penalizar el robo de celulares «crea un registro» de los aparatos utilizados en el país, señaló el Congreso en un comunicado publicado en su página de Internet.
La ley también contempla penas de entre cinco y 10 años de prisión o multas de 40.000 a 100.000 quetzales (entre 5.000 y 12.500 dólares) para las personas que adquieran teléfonos de dudosa procedencia.
La comercialización ilícita de celulares tendrá un castigo de 100.000 a 250.000 quetzales (entre 12.500 y 31.250 dólares) de multa y una condena de seis a 10 años de cárcel.
La intención de la normativa es combatir el robo de celulares, que muchas veces es violento y ha dejado varias víctimas mortales, y detener las extorsiones, coincidieron los congresistas que votaron la ley bajo la figura de «urgencia nacional».
Sobre el registro, el diputado Luis Contreras, presidente de la Comisión de Comunicaciones del Parlamento guatemalteco, explicó que, de esa manera, «si alguien amenaza o comete cualquier delito por medio de un aparato móvil, se puede dar con el propietario».
El ingreso y uso de celulares en cárceles, tanto para los reos como para las autoridades y empleados del sistema penitenciario, también será penalizado de acuerdo con la nueva normativa.
Según datos oficiales, más de 12.000 celulares son robados mensualmente en Guatemala, un país de más de 15 millones de habitantes.
En el 2012 fueron robados 142.745 teléfonos móviles, un 40% más que en 2011 (101.664), según cifras de la Base de Datos de Teléfonos Robados de la Superintendencia de Telecomunicaciones.
