RETROCESO

Este gobierno de la multiplicación de las penas es, también, el gobierno de retroceso. Acaba de cumplirse, el martes 10, el año de plazo para hacer efectiva la denuncia de la Convenciòn Americana de los Derechos Humanos que ya el gobierno había anunciado el año pasado, lo cual implica que con las salvedades correspondientes, los venezolanos hemos quedado fuera del sistema continental de protección de esos derechos.
Hasta el martes de esta semana podía el gobierno rectificar. Asì se lo pidieron distintos voceros del mundo, de la OEA y de la ONU, en especial hay que destacar a las màs prestigiosas organizaciones de Derechos Humanos a nivel internacional. Aquì, las ONGs màs respetadas en ese campo insistieron en que se enmendara el error, también la Mesa de la Unidad Democràtica a través de varias declaraciones, los partidos que la integran y tanto su comisión de Asuntos Internacionales como su comisión de Derechos Humanos. La respuesta del canciller, de una estolidez que pasma, fue que “los que tienen que rectificar son ellos”. Parece que ellos, dicho asì de modo tan impreciso, como que son (somos) todos los demás. Porque el gobierno de la revolución es infalible, no se equivoca jamàs. Otra perla en la declaración del vocero internacional de todos nosotros, es que esa protección “nunca fue para los màs humildes”. La intriga clasista tìpica de los demagogos. Y, claro, no dice la verdad. Las víctimas del “Caracazo” o los reclusos de nuestro penoso sistema penitenciario están allì para desmentirlo. Lo que no parece entender el gobierno es que todos los seres humanos tienen derechos humanos, de eso se trata. No hay distinción, discriminación o exclusión posible.
La decisión del gobierno es profundamente regresiva. La tutela internacional de los Derechos Humanos es un avance de la humanidad, porque al reflejar valores y principios esenciales ampliamente compartidos, su cobertura no se acaba con las fronteras de un país. Ademàs, siendo frecuentemente los Estados los trasgresores, debe haber instancias supranacionales a las cuales acudir.
El gobierno venezolano se comporta como lo haría cualquier dictadura. Su “derecho” a abusar de los derechos de sus ciudadanos es cuestión de soberanía. Era la clásica respuesta de Pinochet y Fujimori. Por eso Cuba no permite la visita in loco del relator de Naciones Unidas. El Estado venezolano y la revolución son la mejor garantía de los Derechos Humanos, han dicho. Segùn eso, tenemos tribunales a los que acudir, ministerio público que asuma las causas conforme a la Constituciòn y la ley, defensorìa que nos defienda. Y todos sabemos. El jurista venezolano Pedro Nikken, reconocido por su contribución a las negociaciones de paz que pusieron fin al doloroso conflicto salvadoreño, ha declarado recientemente que la denuncia de la Convenciòn le ha hecho a la imagen del gobierno màs daño que veinte fallos juntos, porque lo desnuda a los ojos del mundo. ¿Cuál puede ser la intención de un gobierno que no quiere ser vigilado? Està en el viejo refranero con su sabiduría sencilla y contundente, el que no la debe, no la teme.
La decisión del gobierno venezolano es inconstitucional. Si señor, in-cons-ti-tu-cio-nal. Los artículos 23 y 339 de la Constituciòn de la Repùblica Bolivariana de Venezuela otorgan rango constitucional a los tratados, convenios y convenciones que en materia de Derechos Humanos haya suscrito la Repùblica, sus normas prevalecen sobre las nacionales cuando sean màs favorables a las personas. Y los artículos 19 y 31 lo hacen irreversible, porque es progresiva esa tutela. Lo que hecho el gobierno es intentar reformar la Constituciòn a la brava, sin debate ni referéndum. Simplemente, porque sì, porque me da la gana.
Esta decisión, radicalmente reaccionaria, es otro motivo para seguir luchando por cambiar las cosas.