Es lamentable como la terca y errática violación de principios democráticos fundamentales, compromete seriamente la gobernabilidad Democrática, al atentar contra los Derechos Humanos Universales, de rango constitucional y, auspiciar las hostilidades que pueden conllevar a legítimas reacciones de la ciudadanía, amparadas en la Constitución, pues abstraerse de la instancia de Justicia multilateral de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es violentar la garantía constitucional de acceso al sistema interamericano de protección de estos que consagra la Carta Magna, reconocido y ratificado ampliamente ante las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, por lo que no le asiste derecho alguno de aislamiento en este preciado ámbito, que en su perversa gestión se le adicionan los múltiples desatinos como la complaciente injerencia antillana y la deliberada orquestación de Poderes Públicos en dolosa inconstitucionalidad para disfrazar su atroz ilegitimidad electoral; que configuran a la luz de los instrumentos normativos internacionales, evidentes e irrefutables vías de hecho en contra del Orden Constitucional y de la forma democrática y pacífica de Gobierno que nos hemos autodeterminado.
La destrucción de la capacidad productiva agro e industrial y la estructura económica y financiera del país con descarada e impune extracción y beneficio del país injerencista e invasor, constituye la irrefutable evidencia de traición y entrega de nuestra dilapidada patria. Por lo que se plantea la convocatoria de la ciudadanía para desarrollar Asambleas ciudadanas para conocer y deliberar sobre tan graves aspectos, que atizan con la manipulación de medios de comunicación, hasta el descaro del injustificado e inconveniente costoso canal de televisión, mientras nuestros efectivos pasan penurias en remotos sitios de sus misiones.
Es momento de que gremios, foros jurídicos, comunidades, cooperativas, asociaciones de vecinos, trabajadores y sus sindicatos, universidades, ONG, partidos políticos, y en fin, toda la sociedad civil organizada o no, se entere y debata pública y serenamente sobre tan dura circunstancia de desconocer los Derechos Humanos al denunciar el Tratado de la CIDH en Costa Rica. Todo a los fines promover los exhortos pertinentes al noble interés colectivo y por la justa y necesaria procura de defender legalmente nuestros Derechos Humanos Universales, que sustentan la Paz y la Tranquilidad de la República, cruelmente amenazada por lacayos, irresponsables y traidores, quienes sin rubor en cadenas nacionales y medios oficiales, hacen gala constante de su impunidad y de sus cobardes infamias.
