Las cifras que pueda arrojar el Registro Electoral sobre el número de inscritos para ejercer el derecho al sufragio en las elecciones del próximo 8 de diciembre, así como las de las huellas dactilares, constituyen el resultado de todo el proceso llevado a cabo por técnicos afectos al oficialismo.
Porque la oposición no ejerce ningún control sobre el mencionado registro, expuso Francisco “Pancho” Ramos, ex delegado regional del Consejo Nacional Electoral.
Antes, en la llamada por el chavismo la cuarta república, dentro del CNE funcionaba una institución denominada Fiscalía de Cedulación, la cual estaba adjunta a lo que hoy se conoce como Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
En aquel entonces, cuando el Gobierno era de un partido, el servicio de identificación era de oposición y, naturalmente, podía tener control de todas las funciones que se cumplían en ese organismo.
Para obtener la cédula, el interesado tenía que presentar la partida de nacimiento, explicó. El CNE iba a las parroquias a retirar las actas de defunciones cada mes y el delegado enviaba a Caracas esa documentación con el fin de podar el Registro Electoral. De esa forma, anualmente, había una depuración.
Ya no existe la fiscalización y presuntamente el CNE recoge las actas de defunción, pero como no hay una publicación de las personas fallecidas y todo el proceso de cedulación está en manos de afectos al régimen, es factible que los números de miles y miles de personas difuntas sean asignadas a individuos de otras nacionalidades.
Es así como los muertos no votan, pero los vivos lo pueden hacer por ellos, comentó Ramos. Y eso ha sido denunciado varias veces.
Se ha dado el caso de que en muchos centros de votación no dejan entrar a los testigos de los partidos de oposición, lo cual también se ha denunciado.
Lamentablemente, esas organizaciones políticas no llaman a los técnicos electorales que tienen experiencia y cuando se percatan de las irregularidades, ya las elecciones se han producido y los alegatos que se llevan al CNE o a cualquier otra instancia queda en suspenso, motivo por el cual esta situación no ha podido ser evitada.
