No había Plan Cayapa pero sí largas colas frente al Edificio Nacional de Barquisimeto, donde funcionan los tribunales del estado Lara. Desde las 6:00am, y quizás horas antes, ya se observan las personas en el sitio, buscando un número para correr con la suerte de ser atendidos por algunos de los jueces y pedir beneficios para algún familiar que se encuentra privado de libertad.
Tal es el caso de tres mujeres: Verónica Piñero, Iris Pérez y Zulay Rodríguez, todas ellas tienen a sus hijos presos por el mismo caso: robo agravado. Desde hace nueve meses que la Guardia Nacional Bolivariana los detuvo en Cerritos Blancos, los presentaron y los llevaron a juicio, de ahí trasladados hasta Trujillo.
Edgar Meléndez, de 19 años, Daines Prieto, de 22 años, Kewin Guédez, de 22 años y Robert Querález, son los involucrados en el hecho y cada semana deben pagar hasta 300 bolívares por ‘causa’ en la cárcel, aunque dentro de dos semanas les aumentarán 500 bolívares por celebrarse el día de la Virgen de Las Mercedes, patrona de los presos.
Desespero y gastos, angustia y dolor, tristeza y ganas de ver de vuelta a casa a sus hijos, son algunos de los sentimientos y emociones que tienen estas personas. “Algunas somos madres solteras, tenemos que viajar semanalmente a Trujillo y gastamos hasta 1.200 o más”.
Ellas llegaron temprano a las afueras de los tribunales. Estaban haciendo largas colas para ser atendidas. “Queremos hablar con la juez de Control N°4, pero nos tocó de número 40, son las 11:00 am y apenas van por el 25”, comentó una de ellas quien se observaba agobiada por tanta espera.
“De los cuatro, tres son bachilleres y el otro trabajador; no tenían antecedentes. No saben las calamidades que pasamos porque supuestamente se los llevarían por 45 días y ya han pasado nueve meses. No los traen ni para los juicios y eso retarda más el proceso penal”, manifestó.
En la misma cola, pero más adelante se encontraba sentada en una acera, María Giménez, luchando por la libertad de su hijo Gilbert Alexander Colmenares, de 35 años, quien tiene tres hijos y dos nietos. “Hablaré con la juez de Ejecución 4, quedé de 46 a pesar que llegué poco antes de las 6:00am”.
El sufrimiento para ella comenzó hace dos años, cuando funcionarios de la Policía del estado Lara lo detuvieron en la avenida Vargas de Barquisimeto por hurto simple. “Es un delito simple, lo condenaron a dos años y nueve meses. Ya era para que tuviera beneficio”.
Ellos residen en Valles de Uribana, pero Colmenares está privado de libertad en Tocorón, donde además tiene que pagar también, 100 bolívares semales por causa. “Cuando tengo plata es que voy a visitarlo, como cada dos meses. Él es maestro de panadería pero las malas juntas y la droga lo pusieron a hacer cosas malas”.
Giménez, confía en que sus consejos y la fe en Dios ayuden a su hijo salir de la drogadicción.