La organización no gubernamental Programa de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea, instó a las autoridades de los poderes públicos a investigar a fondo las irregularidades detectadas en la pasada gestión del Ministerio de Salud, a cargo de Eugenia Sader.
Se refirieron al caso de la adquisición de medicinas vencidas a Cuba y la no negociación de un contrato de mantenimiento de los equipos oncológicos que adquirió Venezuela en el convenio Venezuela-Argentina, que ha afectado a miles de pacientes con cáncer imposibilitados de recibir tratamiento.
En este sentido, Provea hizo una exhortación al Gobierno nacional: «Consideramos que debe garantizarse la investigación y sanción de todos los involucrados en hechos donde se puedan estar afectando en mayor manera los derechos de miles personas, particularmente los distintos hechos de corrupción que han afectado el pleno disfrute del derecho a la salud como una obligación del Estado venezolano, contenida en el artículo 83 de nuestra Carta Magna», señala un comunicado publicado este miércoles.
Los casos oscuros
La ong de derechos humanos señaló que los indicios sobre las irregularidades denunciadas se basan en información oficial plasmada en un informe de vieja data de la Contraloría General de la República. Los reportes descansan en distintas comisiones de la Asamblea Nacional y, aún así, no se ha hecho nada al respecto.
«En 2010 la Contraloría General de la República presentó en su Informe de Gestión los resultados de una revisión efectuada a una muestra conformada por un total de 20 contratos de adquisiciones de medicamentos y vacunas por Bs.F. 1.317.834.669 suscritos con la República de Cuba, observando que los mismos no respondían a un adecuado proceso de planificación y programación por parte del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud», recordó la organización con respecto al primer caso.
Precisó que el contenido del referido informe detalló las consecuencias de esta falta de planificación y mal manejo de recursos: «Recepción de medicamentos provenientes de Cuba cuyas cantidades superaban las requeridas en el país; retención de medicamentos en la Aduana Principal de La Guaira, lo que generó un incremento en los costos administrativos; atrasos en la entrega de medicamentos por parte de laboratorios lo que produjo incrementos muy superiores a los establecidos inicialmente y, finalmente, recepción de medicamentos vencidos por parte del Sefar», indicó el comunicado.
En relación con el otro caso de presunta corrupción, que compromete la probidad de la ex ministra Eugenia Sader, Provea recordó que en días recientes la Comisión de Desarrollo Social de la AN presentó el resultado de una investigación que plantea la presunta omisión de esta ex funcionaria al no garantizar la renovación del contrato con las empresas que realizarían el mantenimiento preventivo a los equipos de radioterapia del país.
«Aceleradores lineales, unidades de cobalto, tomógrafos, simuladores, braquiterapias y gamma cámaras, entre otros equipos indispensables para el tratamiento a pacientes con cáncer, sufrieron daños y quedaron fuera de servicio a falta de mantenimiento preventivo. De los 19 centros de atención oncológica inspeccionados, la Comisión de la AN encontró sólo 5 en funcionamiento», señaló la ong.
Quiere decir que «por negligencia e indolencia de funcionarios en el sector salud se condenó a muerte a miles de venezolanos y venezolanas, una clara responsabilidad del Estado por omisión al no brindar atención oportuna y adecuada», recalcó la organización.
