Pepsi-Cola Venezuela rechaza la toma ilegal de su agencia ubicada en Catia La Mar por parte de la Procuraduría del estado Vargas. La empresa asegura que aún están en fase de tramitación del arreglo amigable, acordado el pasado 15 de mayo con la Gobernación del estado Vargas.
En dicho acuerdo, se establecieron diversas condiciones, que aún no se han cumplido en su totalidad, para encontrar una solución que permitiera completar, sin traumas, el proceso de expropiación y mudar las operaciones.
Carla Hernández, asesora legal de la empresa, manifestó que “aún cuando la Gobernación culminó con los trabajos de vialidad, iluminación y servicios acordados, faltan importantes adecuaciones a su cargo para que la agencia esté completamente apta”.
“Responsablemente, no podemos mudarnos sin contar con la licencia de la comunidad a través de una asamblea de vecinos, con el nuevo local que garantice una operación segura y con el muro perimetral para aislar a los residentes de la comunidad de Las Fundaciones del ruido que genera la actividad de la agencia”, precisó Hernández.
Ayer, la empresa aceptó de buena fe el monto del avalúo del inmueble a ser expropiado, valorado en Bs. 44.661.000,00 por la Comisión de Peritos, incluso antes del vencimiento del plazo establecido a su favor en la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública. Con esto quedó establecido de manera definitiva el valor del inmueble. Solo restaría el cumplimiento por parte de la Gobernación de las restantes condiciones acordadas entre las partes y materializar el acuerdo definitivo que exige la ley.
Hernández afirmó que no se puede tomar por la fuerza una instalación, sin haber dado cumplimiento a las leyes en la materia. “Esto es un atropello que innecesariamente pone en riesgo el abastecimiento de nuestros productos y cientos de puestos de trabajo en el estado Vargas. Las expropiaciones no se hacen por vías de hecho, sino conforme a la Constitución y las leyes”, enfatizó.
“Siempre hemos estado dispuestos a colaborar para facilitar este proceso y así lo demostramos ayer, al presentar por escrito la aceptación del monto del avalúo que reconoce el valor del inmueble y en el cual participó el perito designado por la Gobernación”, explicó la asesora legal.
También, el avance de los trabajos de remodelación debe ser evaluado por una comisión conformada por representantes de la empresa, el sindicato y el Inpsasel a los fines de garantizar que estén dadas las condiciones para la mudanza de los trabajadores.
“La empresa ha honrado todos los acuerdos y sigue dispuesta a llevar este proceso a término, pero deben respetarse las leyes y las condiciones acordadas. Sin embargo, la Gobernación no ha cumplido. De hecho, ayer estaba previsto realizar una asamblea de vecinos con la comunidad de Las Fundaciones y no ocurrió, siendo la quinta vez que la cancelan. Ahora nos quieren sacar a la fuerza de la agencia”, asentó Hernández.
La agencia Pepsi-Cola Venezuela de Catia La Mar es la única de la empresa en la región y atiende a todo el estado Vargas. La organización ratifica su disposición a continuar colaborando, pero exige que la Gobernación del estado Vargas actúe en total apego a las leyes y respete las condiciones acordadas para mudar las operaciones.
