La Iglesia y la denuncia de magnicidio

La reciente denuncia por parte  del ministro Miguel Rodríguez Torres de un plan de magnicidio y la captura de varios involucrados, quienes tendrían el encargo de perpetrarlo, es un episodio que, más allá de la gravedad que implica, puede servir para realizar un test de la conducta y maneras de razonar de los diferentes actores de la vida política nacional: Partidos, Gobierno, Iglesia.
Lo primero que llama la atención es la reacción de los partidos políticos de la oposición (AD, PJ, Copei, etc.), que consistió en negar la veracidad de la denuncia y en ridiculizar la información. Esto pudiera entenderse como parte de la agria disputa que existe desde hace años, en la que se ha adoptado la estrategia del blanco y negro, del todo o nada. Pero frente a un asunto tan delicado, lo natural hubiese sido que cualquier fuerza política condenara, de entrada, la posibilidad misma de un atentado. Después de todo, siempre es posible que grupos ultras actúen de ese modo y la oposición no dispone de elementos de investigación para negar lo que han dicho los cuerpos de seguridad del Estado. La MUD no tiene forma de saber de manera cierta si trataba de un pote de humo o un trapo rojo, como afirmaron algunos de sus voceros. Y frente a la perspectiva de un hecho tan grave ¿Qué perdía la oposición si expresaba su desacuerdo y reprobación? Al contrario, hubiera dado muestras de responsabilidad y visión de Estado.
Por su parte, la Iglesia católica ha asumido una actitud diferente al resto de la oposición frente al acontecimiento. El Cardenal Jorge Urosa dejó claro su “rechazo a los planes de magnicidio” y expresó su deseo de que “nunca “ese tipo de desgracia tuviera lugar aquí”. “Un magnicidio es un algo horrible y no se puede aceptar de ninguna manera”. Esto significa un viraje político en la Conferencia Episcopal Venezolana, que por instrucciones del Vaticano no siguió el formato de la respuesta de los medios y los partidos. Una lección de política para las organizaciones de oposición.
En cuanto al Gobierno, puede decirse que está en la obligación de dar a conocer cualquier tipo de planes o de simples indicios relacionados con acciones de violencia que puedan preparar lunáticos o grupúsculos extremistas. Pero de nuevo ha incurrido en el error de intentar involucrar, sin pruebas, a factores de la oposición que no están en esos planes y actúan dentro del sistema. Por ejemplo, al denominar la develada operación criminal con el supuesto nombre de “Carpeta amarilla”, se generaliza por medio de un sesgo innecesario y se le resta seriedad al trabajo de investigación realizado, lo que da pie a la desconfianza.