Venezuela salió este martes de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que no podrá ser juzgada en ese tribunal por hechos que ocurran desde ahora, lo que según grupos humanitarios deja desprotegidos a los venezolanos ante atropellos del Estado.
El retiro se formaliza, según los procedimientos, un año después de que el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en marzo de cáncer- denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento en que se fundamenta la Corte, con sede en San José, cuando emite sus sentencias.
La decisión provocó una ola de críticas de organismos de derechos humanos locales e internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), pero el gobierno argumenta que la Corte IDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «siguen órdenes» del «imperio» y se han prestado a «perseguir a gobiernos progresistas».
«La Comisión y la Corte Interamericana de Justicia jamás han sido garantes de lo justo, sino protectores de intereses de los poderosos», afirmó este martes el vicepresidente Jorge Arreaza, tras señalar que ha sido cumplida la decisión de Chávez, que calificó de «sabia, justa y soberana».
Aunque la Corte ahora sólo podrá conocer demandas contra Venezuela sobre violaciones a derechos humanos ocurridas antes de este martes; el Estado no puede retirarse de la CIDH, órgano autónomo de la OEA, sin dejar a la propia organización regional.
El lunes, un día antes de que que se concretara la salida de la Corte, la oposición venezolana denunció ante la CIDH la elección del pasado 14 de abril por considerarla fraudulenta, y luego de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declarara inadmisibles sus impugnaciones.
«Es un gigantesco retroceso la salida de Venezuela de la Corte», declaró Capriles este martes en su programa de televisión por internet, al afirmar que la decisión del gobierno viola la Constitución, que consagra el respeto a los tratados internacionales.
Venezuela no permite desde 2002 visitas de la CIDH, que puede seguir evaluando y emitiendo reportes informativos sobre la situación de los derechos humanos en ese país.
«Ola de críticas»
Los grupos de derechos humanos, cuya imparcialidad cuestiona el gobierno venezolano, temen atropellos de libertades y cuestionan la independencia de la justicia venezolana.
Las activistas de la ONG venezolana de derechos humanos Cofavic, Liliana Ortega y Hilda Páez, destacaron que los principales perjudicados son los venezolanos, por el grave problema de impunidad que persiste en el país.
«En Venezuela, donde existe una absoluta falta de independencia del Poder Judicial y un Tribunal Supremo dedicado a convalidar políticas del gobierno que socavan derechos fundamentales, esto es particularmente escandaloso», opinó por su parte el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
En en el portal informativo Prodavinci digital, el abogado José Ignacio Hernández, de la Universidad Central de Venezuela, calificó la decisión como un «retroceso histórico importante»: «El retiro de la Convención implica un Gobierno menos limitado y, por ello, un Gobierno más propenso al abuso del poder y a la corrupción», escribió.
«¡Son unos vivos!»
Venezuela es el segundo país en denunciar la Convención -también llamada Pacto de San José, después de que lo hizo Trinidad y Tobago en 1998. Pero Estados Unidos, Canadá y un pequeño grupo de países del Caribe ni siquiera la han firmado o ratificado, por lo que tampoco reconocen la competencia de la Corte.
Al confirmar el retiro, el presidente Nicolás Maduro recordó que Estados Unidos no forma parte» de la Corte e hizo hincapié en la paradoja de que sea Washington la sede de la CIDH, que estudia las denuncias de casos presentadas por ciudadanos y decide si elevarla a demanda ante el tribunal.
«¡Son unos vivos!», expresó el mandatario venezolano, quien acusa a Estados Unidos de tener un «largo historial de violaciones a derechos humanos» y de usar a la Organización de Estados Americanos (OEA) para sus intereses y afianzar su hegemonía.
La Corte IDH ha condenado a Venezuela en 15 casos por ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, destituciones irregulares de funcionarios y violaciones a la libertad de expresión.
