Este martes 10 de septiembre se cumplen doce meses desde que la Cancillería venezolana, por orden del presidente Hugo Chávez, denunció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con lo cual se negó a continuar acatando las sentencias de esta instancia.
Desde ese momento se activaron las alarmas en todo el país y el continente, pues se advirtió que la decisión política (el argumento fue el presunto control de “el imperio” sobre el organismo) afecta no al Poder Público sino a los ciudadanos, quienes son los que van a buscar justicia frente a violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado.
Cumplido un año desde entonces, se hace efectivo el retiro de Venezuela de la CIDH, con lo cual las víctimas podrán acudir a plantear los hechos oscuros atribuibles a instituciones venezolanas, pero la posibilidad de demandar al Estado y recibir compensación, lamentablemente quedará coartada.
Con el golpe ya materializado, las organizaciones no gubernamentales, abogados constitucionalistas y defensores de derechos humanos convocaron a una rueda de prensa para ofrecer un pronunciamiento este martes. Sin embargo, a lo largo del año de espera las advertencias sobre los verdaderos alcances de la medida no se hicieron esperar.
“Es un fraude a la sociedad venezolana”, consideró la presidenta de la organización civil Cofavic, Liliana Ortega. La defensora de derechos humanos señaló que el índice de impunidad de más del 95% en todos los delitos (incluyendo homicidio y violaciones del derecho a la vida) demuestra la creciente necesidad de la población de recurrir al foro internacional si quiere obtener justicia.
Así mismo, la luchadora social que llevó el caso del Caracazo a la Corte y ganó la demanda contra el Estado, previno que el mensaje que finalmente llegará al mundo “es una señal de desprecio a los principios y los estándares más importantes de Derechos Humanos”.
“Darle la espalda a un sistema tan reconocido como el sistema interamericano, es un muy mal signo”, alertó Ortega.
Evaden responsabilidades
Para el especialista en Derecho Público Internacional y ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), Milos Alcalay, la acción adelantada por el extinto presidente no buscó más que formalizar una situación que ya en la práctica se venía materializando: la evasión de las responsabilidades establecidas por los jueces internacionales sobre violaciones de DDHH que el Estado se niega a reconocer.
“Ya que incumplían, decidieron formalizarlo. Es decir, el Gobierno quemó el sofá porque le era incómodo”, señaló.
En este sentido, el profesor se refirió que a los desacatos abiertos de los últimos años, tales como la sentencia que reivindicó los derechos políticos de Leopoldo López; la de los magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo de Caracas que denunció la politización del sistema judicial en Venezuela y la relativa al cierre de RCTV, entre otras.
Venezuela ha recibido 15 condenas en la Corte IDH por casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de policías y militares, destituciones irregulares de funcionarios y violaciones a la libertad de expresión. Según reportes de la prensa local, 13 tienen pendiente las reparaciones a las víctimas.
