Colombia no ha desconocido ni la jurisdicción ni el fallo de la Corte Internacional de Justicia en un pleito limítrofe con Nicaragua sino simplemente considera que por las normas colombianas es inaplicable mientras no exista un tratado, la única forma de modificar los límites y fronteras del país, afirmó el martes la canciller María Angela Holguín.
Con “la no aplicabilidad (del fallo) en ningún momento ni estamos desconociendo el tribunal ni estamos desconociendo el fallo», aseguró Holguín en una entrevista con la radio local La W.
Según la ministra de Relaciones Exteriores, «lo que sí estamos siendo claros es que este fallo está en contravía de la constitución» colombiana que contempla en uno de sus artículos que la única forma de modificar los límites del país es por medio de un tratado que sea aprobado por el Congreso y ratificado por el presidente de turno.
La funcionaria hizo hincapié en que Bogotá tiene toda la disposición de hablar con Managua para concretar un tratado a propósito de la sentencia de la Corte Internacional.
“Yo sí creo que llegaremos a un acuerdo con Nicaragua… Nos comprometemos de aquí en adelante a seguir trabajando (para) que haya un diálogo con Nicaragua», enfatizó Holguín, sin precisar si hay reuniones previstas con ese fin con Managua.
La ministra aclaró que Colombia no piensa plantear el tema del fallo en la próxima asamblea general de las Naciones Unidas, sino que simplemente el presidente Juan Manuel Santos entregará una carta de protesta que rubriquen otras naciones como Panamá, Jamaica y Costa Rica porque también, dijo, son afectadas por las aspiraciones nicaragüenses de expandir su plataforma marítima.
La noche del lunes, en una alocución al país en respuesta al fallo de la Corte, Santos sostuvo que el dictamen era inaplicable y acusó a Nicaragua de tener ambiciones «expansionistas».
“Los límites marítimos de Colombia no pueden ser modificados automáticamente por un fallo de la Corte de La Haya… quiero asegurarles a los colombianos: lo que vigilé como marino y lo que defendí como ministro lo voy a proteger, hasta las últimas consecuencias, como presidente», añadió el mandatario, que en su juventud fue cadete de la Armada.
En su dictamen de noviembre de 2012 la Corte Internacional resolvió que el archipiélago de tres islas y siete islotes en aguas del mar Caribe ubicado a 720 kilómetros de la costa de Colombia y a 110 kilómetros del territorio continental de Nicaragua, pertenecía a Bogotá y no a Managua; pero le concedió al país centroamericano una zona más grande en el mar, lo que el gobierno colombiano consideró un error y un exceso. Las tres islas más grandes del archipiélago están habitadas por unas 75.000 personas, mientras que los siete islotes restantes no son habitables.
“Estamos obrando para contener el expansionismo de Nicaragua en el Caribe… Colombia está enfrentando, y va a enfrentar, esas pretensiones expansionistas con toda la determinación y el rigor que se requieren», dijo el mandatario al referirse a que la nación centroamericana busca extender su plataforma continental.
El presidente de Nicaragua Daniel Ortega propuso la semana pasada a Colombia y a Costa Rica firmar tratados para buscar la salida a las diferencias diplomáticas derivadas de decisiones que ha tomado la Corte Internacional o de demandas que se han interpuesto ante ese alto tribunal por conflictos territoriales.
En el caso de Colombia, Ortega propuso que, por medio de comisiones conformadas por representantes de ambos países, se logre implementar el fallo de la Corte con la firma de un tratado. Ese tratado implicaría lo relacionado a la zona de patrullaje, la administración conjunta de la reserva Seaflower y los permisos de pesca industrial y artesanal en esa zona del Caribe.
La reserva Seaflower está ubicada en el archipiélago. Es una vasta y rica zona coralina de unos 255 kilómetros cuadrados que la UNESCO declaró reserva de la biósfera en el año 2000.
