“En su accidentada historia, la Universidad venezolana ha pasado por muchas y profundas crisis, nos referiremos a la que afecta a las universidades autónomas en los últimos tiempos y que condujo al paro de 13 universidades a partir de mayo de 2013”, así comienza el análisis denominado “Crisis de la Universidad Autónoma en Venezuela 2013”, elaborado el abogado y profesor titular de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Manuel Rachadell.
En el texto, que representa un análisis sobre la génesis del conflicto universitario en el país, el profesional explica que cuando se hace referencia a las universidades autónomas se debe señalar que en Venezuela existen 57 universidades nacionales, es decir, estatales, de las cuales 13 eligen sus autoridades por el voto de la comunidad universitaria (profesores y estudiantes) y las demás tienen autoridades de libre nombramiento y remoción del gobierno nacional.
“Se entiende por autónomas a las primeras cinco Universidades nacionales creadas en Venezuela, pues a las demás se les asigna la condición de universidades experimentales, y la diferencia radica en que las del primer grupo se rigen por la Ley de Universidades y las del segundo por el Reglamento General que dicta el gobierno nacional y, supletoriamente, por la Ley de Universidades.
No obstante, según esta ley, las universidades experimentales (la denominación alude al experimento organizativo, no al contenido de la actividad académica, pues toda universidad debe ser experimental) tienen el grado de autonomía que se les asigna en el Reglamento General que las rige”, aclara.
Hasta 1998, “antes de la entronización del régimen que gobierna el país”, trece Universidades experimentales habían obtenido el derecho a elegir sus autoridades, por haber alcanzado un mayor grado de madurez académica. “De esas universidades, cinco fueron intervenidas por el gobierno a partir del año 2000, entre ellas la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unesr), de modo que quedaron igual a las llamadas universidades ‘bolivarianas”.
Las universidades que eligen sus autoridades son: cinco universidades autónomas tradicionales o no experimentales y ocho universidades experimentales.
Según el abogado, exconsultor del Consejo Nacional de Universidades, es a partir del año 2004 cuando la tendencias autoritarias y centralistas se dirigen con mucha fuerza hacia las instituciones que gozan de autonomía constitucional y en las cuales predominan fuerzas políticas diferentes a las del gobierno nacional. Los hechos que se han desarrollado a modo de acoso económico y laboral han desencadenado el conflicto de 2013.
Posibilidad de cambio
A su juicio, hasta la primera semana de agosto “la posición del ejecutivo y frente a las universidades era clara: destruir la autonomía que ellos mismos, en la Asamblea Nacional Constituyente, elevaron al rango constitucional; sin embargo, a partir de la reunión realizada el 8 de agosto se introduce la duda sobre si hay la posibilidad de un cambio en la visión centralizadora y autoritaria del régimen, que le permita tolerar la existencia de instituciones autónomas en el seno del Estado venezolano”.
Explica Rachadell que para que un cambio de esa naturaleza tuviera credibilidad el gobierno tendría que llevar a cabo ciertas medidas, además de rediscutir la Convención Colectiva aprobada.
“Tendría que permitir las elecciones y dar alguna autonomía a las universidades experimentales que se encuentras sometidas a su estricto control… también autorizar al Ministerio Público y a la policía para investigar los hechos de violencia ocurridos en el seno de las instituciones y dar por terminado el cerco económico”.
Con el cumplimiento de tales medidas, “el gobierno se aproximaría en su concepción de la universidad al ideal bolivariano, ese que Simón Bolívar promovió en en diciembre de 1827 en el diseño de los Estatutos Republicanos de la Universidad de Caracas”.
