Este viernes el Ministerio Público informó la decisión donde la jueza, quien lleva el caso de los sucesos de abril, esboza fundamentos para privar de libertad a José Guerrero y Luis Roberto Suárez, jefe de seguridad y gerente general, respectivamente, del Centro Comercial Sambil Barquisimeto.
El abogado defensor Pedro Troconis, en entrevista telefónica a EL IMPULSO, observó que el día miércoles esta decisión será apelada presentando el debido recurso.
Allí, dijo Troconis, la Corte de Apelaciones pasa a conocer el caso, para mantener la privativa de libertad o revocarla, tomando en cuenta una posición tanto doctrinaria como jurisprudencial de un hecho notorio judicial.
Esbozó que en siete casos donde existieron 61 personas involucradas por los mismos hechos de protestas de abril de este año, “gozan de medidas de presentación periódicas y prohibición de manifestar, en el caso del Sambil, erróneamente se le impuso medida privativa de libertad que en nada tuvieron participación”.
Estima se apeguen a la ley
Troconis manifestó que de acuerdo a la ley, una vez introducido el recurso en la Corte de Apelaciones, existen unos lapsos de aproximadamente una semana en los que debería conocerse la decisión.
Sin explicación
Recordó el profesional del derecho, que la decisión del Tribunal de Control Número 3 a cargo de la abogada Lina Rodríguez, fue decretar la privativa de libertad de Luis Suárez y José Contreras, sin ningún tipo de explicación al momento de la audiencia.
“Esos motivos que la colega tuvo los debe esgrimir en la decisión que publicó el viernes pasado”, apuntó Troconis.
Acentuó que sus defendidos están detenidos “injustamente” y como sitio de reclusión tienen el sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales Criminalística de Barquisimeto, ubicada en la Zona Industrial II, ordenado por el Ministerio Público y asignado por la jueza de control.
Breve recuento
Recientemente, la sociedad larense, junto a miembros de organizaciones políticas y la misma Iglesia, realizaron una serie de actividades para rechazar este procedimiento calificándolo como violatorio de las leyes y un atropello a la condición humana.
Concentrados en la Plaza Macario Yépez, exigieron la liberación inmediata de los empleados del Sambil, apuntando que estas dos personas “actuaron de forma humanitaria y nunca para obstruir la justicia” en los sucesos del 14 y 15 de abril.
Consignaron un documento ante el Ministerio Público a fin de exigir celeridad en la denuncia.
Después, el padre Jesús Genaro Pérez (Chulalo) ofició una misa repleta de feligreses para implorar por la libertad de los dos detenidos en cuestión.
El presbítero en una cadena de manos entrelazadas oró visiblemente consternado y pidió al Señor concediera fortaleza y fe a los familiares de los procesados, especialmente a los dos privados de libertad.
