La sociedad larense junto a sectores políticos regionales, se concentró en la plaza Macario Yépez a objeto de expresar su rechazo ante los expedientes abiertos en los sucesos del 15 y 16 de abril, por el cual recientemente fueron detenidos el gerente general de Sambil y su jefe de seguridad. Además, entregaron un documento ante el Ministerio Público a fin de exigir celeridad en las investigaciones por presunta violación de Derechos Humanos.
Con banderas en mano, pancartas y consignas, los manifestantes demostraban el apoyo a las personas imputadas por los hechos postelectorales. La motivación de estas personas demostraba entereza colectiva, ante la presunta intención del gobierno de suprimir los derechos constitucionales y la libre expresión.
Macario González, coordinador regional de la Mesa de la Unidad Democrática, hizo presencia en el lugar con un documento en mano que exigía la celeridad en las investigaciones, en relación a la presunta violación de derechos humanos por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana contra los ciudadanos que se encontraban en el área de conflicto. Dicho oficio fue enviado a tribunales en el mes de abril pero sin respuestas alguna por parte de órgano judicial.
“Es injusta su privación de libertad, no se trata de tener buenas o malas condiciones en una reclusión, sino de la libertad misma. Se imputan a unas personas trabajadoras por brindar atención médica primaria como medida humanitaria. Esto es un exabrupto, un atropello a la libertad de estas personas”.
Asimismo, González exigió respuestas sobre los 71 ciudadanos y estudiantes que fueron detenidos en el Destacamento 47, presuntamente sometidos a actos crueles y degradantes.
“Se atenta contra el derecho constitucional ante el reclamo. Exigimos al Ministerio Público celeridad en la denuncia que formulamos desde el mes de abril, cuando señalamos como responsables de la violencia a los generales Freddy Hernández Parababí, Luis Alfonso Bohórquez Soto y el teniente coronel Quero Silva, quienes fueron los autores materiales de la salvajada aplicada contra estudiantes y ciudadanos”, denunció.
La actividad culminó con una caminata hasta la sede del Ministerio donde se consignaron los documentos.
Investigaciones
Pedro Troconis, abogado defensor de los ciudadanos José Guerrero Contreras y Luis Roberto Suárez, jefe de seguridad y gerente general de Sambil, informó que a los detenidos se les asignó un sitio de reclusión en el Cicpc, donde pudieron ingresar algunos colchones y utensilios. Asimismo informó que el próximo miércoles enviarán un recurso de apelación contra la medida de privativa de libertad.
“El día miércoles vamos a rebatir los exiguos elementos de convicción que indiquen la responsabilidad de estos ciudadanos en los sucesos del 15 y 16 de abril. Digo con propiedad esta información debido a que no se encontraron elementos que indiquen la aprehensión de los detenidos”.
“Los familiares están indignados ante esta situación porque no comprenden. Sienten una profunda decepción del sistema judicial venezolano”.
Expresó que se deben otorgar beneficios a estas dos personas que no tuvieron participación en los hechos, tal como sucede con los 71 estudiantes imputados por los hechos.
