Los agricultores en huelga anunciaron el viernes el levantamiento de bloqueos de carreteras que mantienen desde hace 10 días, en un pronunciamiento horas después de que el presidente Juan Manuel Santos ordenara la militarización de la capital colombiana debido a los violentos disturbios registrados la víspera en la ciudad y que dejaron dos muertos.
Los bloqueos se iban levantando poco a poco en los centrales departamentos de Boyacá y Cundinamarca, donde fueron más férreos, mientras pequeños grupos de militares, con sus fusiles al hombro y en uniformes camuflados, patrullaban en pequeños grupos principalmente del sur y occidente de Bogotá, una capital de ocho millones de habitantes.
La presencia de soldados, algunos con máscaras antigás colgadas de sus cinturones, no era masiva en la ciudad, donde sí se notaba mayor presencia policial.
La decisión de Santos se produjo luego de que el jueves se escenificaran violentas protestas por manifestantes encapuchados en sitios del centro de la ciudad y en al menos dos barriadas del norte y oeste capitalino, así como en Soacha, una población vecina en el departamento de Cundinamarca.
Los disturbios de la víspera dejaron 129 policías y 89 civiles lesionados. Otras 66 personas fueron detenidas en todo el país, según las autoridades.
Jorge Rojas, secretario del alcalde bogotano Gustavo Petro, dijo a la AP que el anuncio del mandatario se refiere a «un reforzamiento (de la seguridad) y está concertado y bajo la autoridad civil».
Las protestas del jueves surgieron al final de una jornada de marchas de estudiantes universitarios en todo el país en solidaridad con los agricultores y por sus propias exigencias de mayor presupuesto y para que el gobierno pague el déficit financiero de las entidades de enseñanza superior.
Los cultivadores de papa, cebolla y productores de leche de zonas el centro del país reclaman desde el 19 de agosto que están produciendo con pérdidas debido a los insumos caros, precios de venta bajos y por las importaciones de productos agrícolas mediante distintos tratados comerciales.
Los peores disturbios del jueves fueron en el centro y barriadas de Bogotá y al menos dos hombres de 18 y 24 años murieron por disparos la noche del jueves sin que se conozcan aún los detalles de cómo ocurrieron los hechos, dijo Guillermo Alfonso Jaramillo, secretario de gobierno de la alcaldía de Bogotá.
En un recorrido por distintos puntos de la ciudad, un equipo de la AP pudo observar esos pequeños grupos de militares caminando por las aceras, mientras el comercio estaba en su mayoría funcionando y equipos de la alcaldía recogían basuras y piedras dejadas por los encapuchados.
«No necesitamos que nuestros soldados nos rodeen las calles y las casas… Esa es una estrategia del presidente para meterle miedo a la gente», dijo Luis Suárez, de 30 años, un vendedor de leche.
Pero para Héctor Ramírez, un pequeño fabricante de calzado en la zona de Restrepo, un área comercial al sur de la ciudad, «claro que es necesario que nos protejan».
La policía divulgó en la jornada un afiche con los rostros de al menos 46 hombres y dos mujeres a los que identifica por imágenes de televisoras locales y cámaras de seguridad de la ciudad como presuntos responsables de ocasionar los desórdenes la víspera. La Policía ofreció una recompensa de hasta cinco millones de pesos (unos 2.570 dólares) por información que permita ubicar el paradero de esas personas.
En Bogotá existe una brigada del ejército con al menos 14.400 hombres, indicó a la AP el general Gabriel Pinilla, comandante de la denominada Brigada 13 que es la que opera en la capital.
El alcalde de Soacha, Juan Carlos Nemocón, dijo en diálogo telefónico que su localidad fue reforzada con 500 soldados y 400 policías luego de actos de vandalismo por la noche y la madrugada con intentos de saqueos de comercios como supermercados, almacenes de ropa y ferreterías.
Gustavo Estupiñán, un contador de 54 años, dijo el viernes que participó la víspera en una marcha por considerar justas las exigencias. «(Pero)Cuando vi a un grupo de vándalos utilizando la marcha para destruir lo que le pasaba al frente, me devolví porque sentí miedo»… No se justifica que unos vándalos acaben con una protesta justa».
Ninguna autoridad ha identificado a esos grupos de manifestantes, que el alcalde Petro ha dicho que actuaron de manera muy coordinada y que no fueron actos espontáneos.
Iván Cepeda, representante a la Cámara del izquierdista Polo Democrático Alternativo, dijo en entrevista telefónica que las afirmaciones de Santos «son salidas muy desafortunadas» porque «desde el comienzo hemos dicho que la vía para resolver esta formidable ola de protestas que se están presentando en el país es el diálogo, es la creación de una mesa nacional para el diálogo social y no la vía de militarizar y estigmatizar la protesta social.
Para Santos, «no cabe duda de que hay personas o grupos que están interesados en que no se llegue a ningún acuerdo», con los negociadores del paro agrario. Dijo que esas personas «sólo quieren defender su agenda política o desestabilizar».
Señaló específicamente al Movimiento Marcha Patriótica, que agrupa más de un millar de organizaciones sociales de izquierda. «No busca sino llevarnos a una situación sin salida, para imponernos su propia agenda», indicó.
Una de sus principales voceras, la ex senadora Piedad Córdoba, rechazó los señalamientos presidenciales y negó cualquier relación con los disturbios de la víspera.
Voceros de la protesta agraria emitieron el viernes un comunicado en el que informaron que permitirán «el libre tránsito de todo tipo», pero indicaron que seguirán apostados a los bordes de las carreteras.
La decisión de levantar los taponamientos fue tomada porque «después de extenuantes jornadas de diálogos… se han logrado acuerdos parciales», indicó el pronunciamiento campesino sin ofrecer detalles de esos acuerdos.
El pronunciamiento se hizo desde la ciudad de Tunja, en el central departamento de Boyacá y a unos 130 kilómetros al noreste de Bogotá, donde delegados del gobierno y de los pequeños agricultores de papa, cebolla y productores de leche mantenían negociaciones desde el martes en busca de solucionar la protesta.
El ministro del Interior Fernando Carrillo dijo en Tunja que regresaba a Bogotá porque el presidente convocó a los 32 gobernadores del país y los alcaldes de las 32 capitales el viernes por la tarde en la casa de gobierno para evaluar la situación de orden público entre otros temas.
Los campesinos propusieron en su comunicado seguir las negociaciones el sábado en Tunja, pero Carrillo sólo indicó esperaban reanudar pronto los diálogos, sin precisar la fecha o el lugar.
