Luego de los acontecimientos del pasado miércoles, cuando José Guerrero Contreras y Luis Roberto Suárez Bohórquez, jefe de Seguridad y gerente general del Centro Comercial Sambil Barquisimeto, respectivamente, fueron presentados ante el Tribunal 3º Penal, a cargo de Lina Rodríguez, juez suplente, y dictada medida privativa de libertad mientras se llevan adelante los juicios por supuesta obstaculización a las autoridades para restablecer el orden público el 16 de abril de este año, especialistas en Derecho y, especialmente, en derechos humanos, han elevado sus voces para pronunciarse frente a lo que han catalogado como una “decisión política”.
Rafael Narváez, abogado especialista en derechos humanos, y Ramón Pérez Linárez, jurista y quien fuera juez penal en el estado Lara, dieron sus impresiones sobre estos acontecimientos ocurridos cuatro meses después de las protestas realizadas en abril.
Narváez indicó que lo ocurrido sólo demuestra la falta de independencia y autonomía que tienen los poderes en Venezuela. Además, explica Narváez, la decisión tomada el pasado día miércoles revela un “Ministerio Público politizado”. Sustentando su afirmación, el especialista en DDHH, indicó que en el caso de los dos trabajadores detenidos y que se encuentran recluidos en las celdas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, “el Ministerio Público hace caso omiso a la tortura de las cuales fueron víctimas una serie de manifestantes. Tenga o no razón en sus protestas, la Guardia Nacional Bolivariana no tiene competencia para maltratar o vejar a un ciudadano”.
En este sentido, Narváez considera que la actuación de los manifestantes de refugiarse en el interior del centro comercial representa un “instinto natural” de resguardarse ante la agresión, y no considera lógico que un grupo de vigilancia de un recinto comercial, que no está facultado para aprehender y no cuenta con los recursos para hacer frente a una multitud, pueda retener la presencia de centenares de manifestantes. “Los centros comerciales no tienen facultad para aprehender a alguien, ¿cómo se hace frente a la avalancha de personas con un cuerpo preventivo como el de seguridad?”, reflexionó.
Narváez cuestiona severamente la actuación del Ministerio Público como ente que investiga los hechos de forma imparcial y presenta las pruebas ante un tribunal de control. “Escuché testimonios vivos de personas que se llevaron al Destacamento 47, conversé con los que pusieron en libertad, me reuní con el Colegio de Abogados del estado Lara, oímos de sus propias voces los abusos cometidos en contra de damas que fueron arrastradas por el pavimento, pero se hizo caso omiso de esta situación, ¿dónde está el MP, garante de la legalidad y del debido proceso?”
“El MP desapareció e incluso al fiscal superior se le exhortó que hiciera una evaluación del comportamiento de los fiscales que llevaban el caso pero no ha habido citación para todas las partes que actuaron y dirimir el conflicto… el MP tiene que buscar elementos de convicción (pruebas) y llevarlo a un juez de control”, explicó.
Para Narváez, el sistema judicial se vale de una sociedad venezolana “pacífica y llena de miedo”, a su vez que recordó las declaraciones de Luisa Estela Morales, como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, “quien dijo que no creía en la separación de poderes, desdibujando los que sustenta a los regímenes democráticos”.
Frente a estas decisiones que cataloga parcializadas y politizadas, Narváez indica que la opción por parte de la ciudadanía en general es “formarse como activista de los derechos humanos, crear conciencia de la Carta Magna y hacerse presente de forma pacífica ante los entes administradores de justicia. Además las universidades deben formar a los ciudadanos en la defensa de sus derechos y el Colegio de Abogados no puede ser nada más gremial, debe auxiliar a las víctimas, defenderlas y acudir al Ministerio Público para exhortar y exigir los derechos”.
Mensaje a fiscales del MP
A su vez, Narváez hizo un llamado a quienes son sus colegas en el MP, recordando que estos delitos no prescriben y “tendrán que presentarse ante los tribunales penales de la República, donde consignaremos documentos para que asuman sus responsabilidades, ya que no administran justicia, sino política”.
Para finalizar, exhortó a todos los abogados del estado Lara y a la ciudadanía en general a defender los derechos, “las víctimas tienen derecho a acudir a los organismos judiciales y ellos están obligados a dar respuestas. La Constitución hay que tomarla y defenderla. La justicia llega, si orientas a las víctimas y la asesoras, podemos crear conciencia en la población y no permitir que el MP actúe a sus anchas”, expresó.
Siembran temor
De igual forma, Ramón Pérez Linárez, abogado y quien estuvo encargado de un Tribunal de Control, también se pronunció ante lo sucedido, “la justicia se ha usado para reprimir con saña a cualquiera que difiera de este Gobierno”, explicó, “ además, para sembrar el temor y el miedo en la ciudadanía, para vivir con esa sensación y evitar enfrentarnos a los abusos del gobierno”.
A juicio de Pérez Linárez, la actuación de ambos empleados del centro comercial, de ayudar a los manifestantes heridos, responde a la lógica. “¿En qué condición quedarían esos trabajadores si cierran la puerta? Serían acusados por falta de auxilio adherido y delito de omisión”, advirtió.
Además, Pérez Linárez se refirió a la privativa de libertad de ambos trabajadores mientras se les celebra el juicio. “Son privados de libertad como si hubiese peligro de fuga. Están jugando con la libertad de las personas. Este tipo de delito no amerita privar la libertad, esto se hace solo en peligro de fuga, resistencia al arresto o evasión”, explicó.
Para el especialista, actuaciones como esta por parte del Ministerio Pública fomentan la violencia en el país, debido a que las personas no confían en las instituciones del Estado, en especial del sistema de justicia, “el cual se quita la venda para ver a quién se le hace daño”. En este sentido, cree Pérez Linárez, esta medida fomentará que la ciudadanía tome la justicia por sus propias manos.
Para finalizar, y sobre las audiencias preliminares que han sido pospuestas en la presentación de los manifestantes, ambos abogados consideran que las mismas se deben a la falta de pruebas que tiene el MP en contra de quienes actuaron en las protestas de abril de este año, “no hay pruebas que los vinculen a los hechos, nadie los está acusando. Esto es una represión sin sentido jurídico”, dijo Pérez. “Cuando se retrasan las audiencias preliminares es porque el MP acusa y después investiga, y la suspensión se debe a un retardo procesal que usa el MP porque no tiene pruebas” indicó Narváez.
“No confío en la justicia venezolana”
Jackson Escalona, presidente de Funpaz y quien está imputado por ser uno los protestantes capturado en abril de este año, recordó que fue apresado cuando iba de regreso a su casa después de los hechos y fue recluido en una tanqueta de la GNB durante siete horas, siendo golpeado por efectivos militares. Posteriormente, lo llevaron al Destacamento 47, donde lo mantuvieron detenido cuatro días a la intemperie. Escalona explicó que después de las elecciones, y de ser capturado el lunes, no fue sino hasta el miércoles de esa semana, cuando un fiscal del Ministerio Público acudió hasta el complejo militar.
Para el representante de la asociación civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), “el Gobierno nacional se ha quitado la careta en pleno ambiente preelectoral… la intención es acorralar a los ciudadanos, que se sientan amenazados en sus casas y que la disidencia sienta que no puede manifestar ante hechos de violencia”. Escalona cree que lo que está ocurriendo en la actualidad, después de la acusación a los trabajadores del centro comercial, “es un llamado de atención, tanto para los ciudadanos como para los grupos empresariales”.
Con este precedente, Escalona siente mayor incertidumbre de lo que pueda pasar a los manifestantes que, como él, están siendo llamados para celebrarles audiencias preliminares. Quien espera su audiencia para el 18 de septiembre, confiesa “no sentir ningún tipo de confianza de lo que pueda pasar ese día… ¡no hay Estado de Derecho en el país!”
Como miembro de Funpaz, advirtió que entes del Estado se están poniendo de un lado de la justicia para “acorralar a los ciudadanos”. Además, exhortó a quienes estén siendo llamados para las audiencias a acudir a ellas, “son absolutamente inocentes”. Destacó la “mala fe” del MP. Precisó, además, que sólo dos personas han recibido la notificación, con la idea de que no acudan y ser acusados de evasión.
MUD iniciará acciones de calle
Macario González, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática del estado Lara, en rueda de prensa desde la sede de la alianza política, se pronunció en contra de las detenciones de los dos empleados del centro comercial por los hechos de protesta que se llevaron a cabo en abril de 2013.
“Fuimos sorprendidos por la detención de los trabajadores”, expresó González, “nosotros que estuvimos involucrados en los hechos, lo vivimos, tuvimos brindando solidaridad a los estudiantes que fueron salvajemente perseguidos, acosados, podemos dar testimonios que estas personas no tuvieron nada que ver con los hechos violentos de abril”.
Para el dirigente político opositor, las acciones de los trabajadores responden a “lo mínimo que puede hacer cualquier ser humano cuando ve a otro agredido en su integridad física”.
Macario González comentó que la actuación de estos trabajadores fue la atención médica primaria de salud a quienes, “por iniciativa propia se introdujeron al centro comercial para protegerse ante las agresiones”.
Responsabilizó de los hechos a Freddy Hernández Parababí, general de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, a Octavio Chacón, general del CORE 4 y al jefe del Destacamento 47 como responsables de los hechos de violencia. Indicó que las denuncias están en el Ministerio Público, sustentadas con testimonios y partes médicos de los afectados “pero hasta ahora este ente no ha movido una hoja de ese expediente”.
Convocó a una protesta en frente de la plaza Macario Yépez para hoy, a las nueve de la mañana e indicó que la semana que viene, se anunciarán las próximas acciones de calle para exigir la imparcialidad al MP “y establecer responsabilidades a los militares mencionados”.
“Agradezco enormemente a los empleados de auxiliarme ese día”
Ehisler Vásquez, es uno de los manifestantes que participaron en las acciones de protestas que se realizaron el día 15 y 16 de abril del 2013.
En su rostro, sanando lentamente, aún permanecen las heridas a causa de las actuaciones militares que esos días reprimieron las protestas en las inmediaciones del centro comercial ubicado en el este de la ciudad.
Ehisler, quien es vicepresidente de la asociación civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), indicó que “el primer auxilio, la primera ayuda que yo recibí fue del personal de seguridad del centro comercial… me dieron gasas gratis, agua oxigenada gratis, la cura fue gratis”, dijo. “Si a alguien debemos agradecerle de estar vivo o no tener secuelas peores es de este hecho es a los empleados de este centro comercial”, prosiguió.
Indicó que en el hecho, hubo amenazas por parte del general Freddy Hernández Parababí, de la 14 Brigada de Infantería Mecanizada, de hacer una emboscada a todos aquellos que permanecieron dentro del centro comercial.
Vásquez recordó que las heridas que ahora tiene en su rostro tienen origen en la golpiza de los efectivos castrenses dentro de las instalaciones privadas del centro comercial.
Además, Vásquez indicó que luego de los hechos, los entes administradores de justicia del Estado venezolano, han “banalizado” la protesta, “nos han hecho ver como victimarios y no como las víctimas de la violencia que generaron los efectivos que actuaron en esos hechos”.
Recordó que al momento de recibir los disparos de perdigones, los empleados que ahora son juzgados por una supuesta obstrucción de las autoridades, se dedicaron con paciencia a dar cuidado a no menos de quince personas que perdían los dedos, desangrándose con perdigones en el pecho y desmayándose en el interior de las instalaciones del centro comercial”.
Para finalizar, hizo un llamado para convocar a la ciudadanía en general para acudir a la plaza Macario Yépez, en la carrera 19, cerca del rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, a las 9 a.m., al apoyo de los 72 manifestantes y los gerentes del centro comercial.
